La UCO apunta a Sánchez: destaca que el gran contrato del ‘caso Koldo’ «se comunicó al Consejo de Ministros»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en uno de los informes que forman parte del sumario del ya conocido como caso Koldo que el acuerdo de 20 millones de euros firmado por Puertos del Estado para la compra de 8 millones de mascarillas «fue comunicado» al Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, lo que apuntala la responsabilidad última del presidente del Gobierno en la contratación. El expediente fue adjudicado a Soluciones de Gestión SL, la empresa para la que intermediaba Koldo García, asesor de José Luis Ábalos.

Se trata del contrato para el Suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del Covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad, el más elevado de los que firmó la empresa investigada con el Gobierno y algunos gobiernos socialistas. Puertos del Estado cerró la adquisición de ocho millones de mascarillas con Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020, apenas un día después de que el ministro de Transportes emitiese una orden para la compra de material sanitario contra la pandemia. El expediente fue elevado al Consejo de Ministros el 5 de mayo de 2020, con el fin de «tomar razón de la declaración de emergencia» del expediente.

Aunque en la documentación elevada al Consejo de Ministros no consta la empresa adjudicataria, sí se detalla que el acuerdo para la compra de los 20 millones de mascarillas había sido cerrado por parte el presidente de Puertos del Estado, que «acordó la contratación» de las mascarillas por 20 millones. 

En la exposición, se justifica el contrato en que, en el contexto del estado de alarma, «el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establecerá las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia». «Asimismo, el transporte público de viajeros por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo debe seguir desarrollándose» y que «ambos tipos de transportes, de mercancías y de viajeros, deben realizarse, en todo caso, con la debida protección de la salud, siendo necesario que el personal que desarrolle funciones relacionadas con dicho transporte y entrega de mercancías y productos, en estas circunstancias excepcionales, esté provisto de las debidas mascarillas».

El informe de la Guardia Civil recoge que «con fecha de 5 de mayo de 2020, se elabora el documento donde la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo Poyato, en reunión del Consejo de Ministros celebrada el mismo día, certifica la aprobación del acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de mascarillas FFP2 para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 20.000.000 de euros».

La Benemérita destaca que la comunicación de dicho expediente se «extralimitó» del plazo establecido por ley, de 30 días, pues «puede apreciarse cómo la fecha de adjudicación corresponde con el día 21 de marzo de 2020 y no se da comunicación en el plazo debido».

El PP apunta a Sánchez

Puertos del Estado cerró la adquisición de las mascarillas con Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020, apenas un día después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, emitiese una orden para la compra de material sanitario contra la pandemia. Para esta empresa intermediaba, según la investigación, el asesor de Ábalos, Koldo García.

Firmada, como correspondía, por el ministro, en dicha orden se instaba a la compra de «un máximo de 8 millones de mascarillas de protección FFP2 con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte». El procedimiento lo pilotó Puertos del Estado, para su distribución a otras entidades públicas, como Salvamento y Seguridad Marítima o Correos.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas puso el foco en esa contratación, detectando algunas irregularidades. Señaló, por ejemplo, que «de la capacidad y solvencia de la empresa seleccionada» no existía «antecedente alguno». Y destacó, además, que su «objeto social no amparaba tales suministros, pues contemplaba la prestación de servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, así como la investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, venta y distribución de sistemas», según se puede leer en el informe.

El Gobierno trata de centrar la «responsabilidad política» por este caso en la figura de Ábalos, quien esta semana comunicó su decisión de mantener el escaño pese al ultimátum del PSOE, pasándose al Grupo Mixto.

Sin embargo, en el Partido Popular apuntan hacia Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo acusó este miércoles a Sánchez de conocer la trama de corrupción del caso Koldo «desde hace más de tres años» y «taparla». «Usted lo sabía y lo tapó», espetó, rotundo, Feijóo a Sánchez en un duro rifirrafe en el Pleno del Congreso. El jefe del Ejecutivo no negó la acusación.