El Supremo teme que Pumpido dé la razón a Puigdemont con la amnistía y vuelva «a Cataluña con honores»

Jueces del Tribunal Supremo han expresado a OKDIARIO su gran preocupación por el recurso de amparo que Carles Puigdemont ha presentado ante el Tribunal Constitucional, que se estudiará en septiembre bajo la ponencia de la magistrada barcelonesa Laura Díez. Los magistrados del Alto Tribunal ven con inquietud que el ex presidente catalán pueda acabar regresando a España «escoltado por los Mossos d’Esquadra» tras casi ocho años de prófugo.

El temor en la sede de la Plaza de la Villa de París se centra en que el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, otorgue el amparo solicitado. Este recurso impugna la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación del procés, denunciando una supuesta «resistencia judicial» a la aplicación de la ley.

En el Supremo consideran que el Constitucional se ha pervertido y «se ha convertido en un órgano político a todas luces»: «Ha perdido su prestigio y ha abandonado su razón de ser, que era ayudar a las personas más desprotegidas». Los jueces critican que la Corte de Garantías haya validado previamente la Ley de Amnistía sin esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Puigdemont ha solicitado como «medida cautelarísima» que se le levante la orden de detención nacional dictada por el juez instructor del Supremo Pablo Llarena. En su recurso de 25 páginas, presentado por su abogado Gonzalo Boye, argumenta que esta medida resulta «imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo interpuesto» porque «plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad».

El ex presidente catalán denuncia que el Supremo hizo una «interpretación extensiva» de las excepciones legales para excluir la aplicación de la amnistía. Según su defensa, esta interpretación «carece de base en el texto legal, contradice la voluntad expresa del legislador y constituye una aplicación in malam partem –en la interpretación más perjudicial para la parte– de una excepción penal».

El Supremo se basó en dos excepciones de la ley para no aplicar la amnistía: la comisión de malversación con «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial» y que las conductas analizadas hayan afectado a los intereses económicos de la UE. Los líderes del procés obtuvieron un beneficio patrimonial porque no pagaron de sus bolsillos el 1-O, acudiendo a fondos públicos.

La paradoja es que si Puigdemont no se hubiera fugado del país, ya estaría en situación similar a Oriol Junqueras y otros políticos independentistas que fueron juzgados, pasaron tiempo en prisión y posteriormente fueron indultados por el Gobierno aunque siguen inhabilitados.

La Comisión Europea ha cuestionado ante el TJUE que la amnistía responda a un «objetivo de interés general», dado que «es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». El representante comunitario, Carlos Urraca Caviedes, ha expuesto que las «autoamnistías» para «blindar al poder político» son «contrarias al principio del Estado de Derecho».

Bruselas considera que la tramitación por la vía de urgencia ha «ahondado la división profunda» en la clase política, las instituciones y la sociedad española. La Comisión ve «muchas dudas» respecto a que haya un «objetivo legítimo» detrás de la amnistía y cuestiona si es compatible con los valores de la UE conceder una amnistía «a cambio de los apoyos para un gobierno».

Humillación judicial

Los magistrados del Supremo recuerdan con amargura los «muchos esfuerzos» realizados para activar órdenes internacionales de detención cuando Puigdemont anunciaba con «descaro» sus conferencias por Europa.

El ex presidente catalán visitó países como Dinamarca, que tiene retos secesionistas en las Islas Feroe y Groenlandia, esperando que tuvieran sensibilidad y aceptaran detenerle, pero no fue así.

El dirigente catalán «se paseó por media Europa humillando a los jueces españoles» sin que las autoridades actuaran. Mientras que desde Bélgica, donde reside en Waterloo, las autoridades han mostrado tradicionalmente benevolencia con las minorías independentistas e incluso terroristas, se confiaba en países que han decepcionado profundamente con conclusiones ilógicas.

El posible regreso de Puigdemont sería tras el primer aniversario de su visita sorpresa a Barcelona en agosto de 2024, que supuestamente pasó desapercibida para las fuerzas de seguridad del Estado. Este episodio genera especial «suspicacia» en el Supremo, que considera inverosímil tal lapsus de inteligencia.

Constitucional sanchista

En los últimos años, el Constitucional ha fallado sistemáticamente a favor de los intereses del Gobierno de Sánchez en los temas más espinosos, desde los recursos de los condenados por los ERE hasta las leyes más polémicas (Sólo sí es sí, Vivienda, indultos, reforma laboral, etc.). Esta trayectoria alimenta el escepticismo de los jueces del Supremo sobre el futuro pronunciamiento. Sólo se ha aplazado la decisión sobre la Ley Trans ya que la visión contraria de Carmen Calvo tiene apoyos en el Constitucional

El Constitucional no resolverá sobre la admisión a trámite del recurso ni sobre las medidas cautelarísimas hasta septiembre, en el primer Pleno de ese mes. Fuentes jurídicas indican que no se aprecia «ninguna urgencia» para resolver la petición de Puigdemont, máxime cuando «la situación del recurrente no ha cambiado en nada desde hace años».

Las medidas cautelarísimas no se suelen conceder, especialmente en casos donde la situación del recurrente permanece inalterada durante años. El recurso de Puigdemont ha recaído en la magistrada del ala izquierdista Laura Díez, mientras que los de los ex consellers Lluís Puig y Antoni Comín corresponden respectivamente a los magistrados conservadores César Tolosa y Enrique Arnaldo.

La espada de Damocles pende sobre el Supremo. Un pronunciamiento favorable al dirigente independentista podría provocar el retorno triunfal de Puigdemont tras el verano, convirtiendo en papel mojado años de trabajo judicial y erosionando definitivamente la credibilidad del sistema de justicia español ante Europa.