La mayoría izquierdista del Constitucional aprueba la amnistía con la que Sánchez compró su investidura

La mayoría de izquierda del Tribunal Constitucional ha concluido que la Ley de Amnistía al procés catalán es constitucional y se espera que este jueves o viernes dicte sentencia avalando la polémica norma que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los magistrados afines al Ejecutivo socialista han despejado los últimos escollos de la deliberación tras rechazar las impugnaciones del Partido Popular y han confirmado que la Constitución no prohíbe expresamente las leyes de amnistía.

Los seis magistrados de la mayoría de izquierdas del Constitucional han impuesto su criterio frente a los cuatro conservadores en un pleno monográfico marcado por las tensiones internas y las acusaciones de falta de deliberación real. «La deliberación no existe. Esto es un paripé», han denunciado fuentes del sector minoritario desde la sede de Domenico Scarlatti, quienes critican que solo se producen «una sucesión de discursos» aislados sin auténtico debate jurídico.

La ponencia elaborada por la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, de 191 páginas, ha sido calificada de «excelente» por el presidente de la corte, Cándido Conde-Pumpido. El borrador valida la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía.

En la primera sesión del pleno monográfico del pasado lunes, el Constitucional rechazó la petición del PP, del Senado y de tres magistrados conservadores para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE o esperar a que este contestara a las planteadas por otros tribunales. Los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel habían solicitado esta medida dilatoria que la mayoría progresista ha desestimado.

El martes, en la primera parte de la sesión plenaria, «se ha debatido si la Constitución permite una ley de amnistía en abstracto» y «la opinión mayoritaria de los magistrados ha considerado que la Constitución no la prohíbe y que, por tanto, el legislador puede aprobar leyes de amnistía», según ha informado oficialmente el Constitucional.

La deliberación por bloques temáticos ha continuado este miércoles con el análisis de si esta ley de amnistía en particular es constitucional, ventilando igualmente las impugnaciones contra artículos concretos. Las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO confían en que el Constitucional sentencie definitivamente este jueves.

Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a «una transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez, la magistrada Montalbán ha subrayado en su ponencia que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». La ponente ha resuelto que esta ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».

El pleno ha estado constituido por 10 de los 12 magistrados habituales, tras la baja voluntaria de Juan Carlos Campo, quien se apartó de todos los asuntos relacionados con la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés’ dijo que era «claramente inconstitucional».

A su baja se ha sumado la del magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.

La salida de Macías ha provocado un profundo malestar en el bloque conservador que ha ido «in crescendo». Las fuentes consultadas reprochan el «absoluto secretismo» con el que se gestó la ponencia de Montalbán, a pesar de que finalmente se dio a conocer su sentido en los medios de comunicación antes de que fuera repartida entre todos los magistrados.

Los magistrados conservadores también critican los sucesivos acuerdos adoptados por Conde-Pumpido, desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritario. Primero descartó frenar la sentencia por el TJUE y después se limitó a habilitar lunes y viernes para este pleno, cuando Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio.

Según las fuentes consultadas, Montalbán únicamente atiende las sugerencias procedentes de la mayoría progresista, que se circunscriben a «cambios cosméticos», de «algún verbo o adverbio», pero nada esencial. La división por bloques persiste y se espera que se plasme también en el fallo final.

La sentencia que se espera para esta semana marcará un hito en la reciente historia política española, al zanjar, por ahora, la controversia jurídica sobre una ley que ha generado un intenso debate público y que ha sido clave para la configuración del actual Gobierno de coalición. Queda la respuesta del TJUE y del Tribunal Supremo que no ve legal amnistiar la malversación por afectar a intereses europeos, lo que impide el regreso de Carles Puigdemont a España.