Seguridad Nacional alerta del auge del terrorismo y la injerencia rusa que Sánchez borra con la amnistía

El último informe del departamento de Seguridad Nacional sitúa el terrorismo y la injerencia de Rusia entre las grandes amenazas para España. Se trata de dos riesgos que, precisamente, borra la reciente Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para satisfacer a sus socios separatistas.

El documento, aprobado la semana pasada en el Consejo de Seguridad Nacional presidido por Sánchez, recoge las principales alertas para nuestro país. Entre ellas, sitúa el terrorismo y, aunque se centra principalmente en el de corte yihadista, también contiene una advertencia velada sobre los «extremismos violentos», la catalogación que Europol otorga al movimiento separatista radical en Cataluña.

El informe se refiere a esos «extremismos» asegurando que son «el escalón previo al terrorismo». «Se investigan aquellos fenómenos que pudieran derivar en la comisión de actos violentos, y se mantienen abiertas líneas de investigación que permitan prevenir y anticiparse a la comisión de atentados terroristas», destaca Seguridad Nacional. Advierte asimismo que «la pujanza de los extremismos violentos se ha visto favorecida por tendencias relacionadas, por un lado, con la proliferación de campañas de desinformación, destinadas a polarizar a la sociedad y cuyos mensajes son explotados por grupos extremistas del espectro ideológico; y por otro, con la utilización de las nuevas tecnologías, como drones o impresoras 3D con fines terroristas». Seguridad Nacional encuadra en esas amenazas «las procedentes del anarquismo insurreccionalista y de movimientos violentos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda».

La Ley de Amnistía aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados supondrá el borrado de los posibles delitos terroristas cometidos durante el proceso separatista catalán. Con ello, los independentistas se consideran blindados ante los procesos judiciales en marcha, que afectan a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami. Este mismo lunes, la Audiencia Nacional avaló el auto del juez Manuel García-Castellón que considera que los hechos atribuibles a Tsunami pueden ser catalogados como terroristas, desestimando así el recurso del fiscal Miguel Ángel Carballo, quien consideró que se trataban en todo caso de desórdenes públicos.

La nueva versión de la Ley de Amnistía suprime las referencias al delito de terrorismo recogido en el Código Penal y alude únicamente a la directiva europea de 2017, más laxa. En concreto, el texto pactado por el PSOE con sus socios excluye de la aplicación de la amnistía los actos terroristas que hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».

«Injerencia rusa»

Seguridad Nacional dedica además un apartado a la amenaza que suponen el «espionaje y las injerencias desde el exterior», con especial mención a Rusia.

«La actividad de los Servicios de Inteligencia hostiles continúa siendo una amenaza para España y sus aliados», concluye el informe. «A pesar de haber reducido notablemente su presencia en España», advierte el departamento adscrito a la Presidencia del Gobierno, los Servicios de Inteligencia rusos continúan desarrollando sus actividades de Inteligencia, recurriendo a herramientas sofisticadas para desarrollar sus actuaciones. Así, «se prevé un incremento de las actividades de oficiales itinerantes y una mayor presión sobre los diplomáticos españoles destinados en el extranjero».

«Por otro lado, Rusia ha continuado apoyándose en herramientas híbridas tradicionales, como agentes de influencia, ONG y asociaciones prorrusas. En el contexto de la guerra en Ucrania, Rusia ha dirigido sus operaciones a desestabilizar el apoyo de España a la OTAN. Asimismo, ha incrementado la explotación de su poder blando, principalmente en los ámbitos culturales, académicos y digitales, en actividades híbridas especialmente dirigidas a las generaciones jóvenes», señala Seguridad Nacional.

El informe destaca que, ante esta amenaza, el Centro Nacional de Inteligencia «ha mejorado sus protocolos, con la finalidad de aumentar su resiliencia ante posibles ataques procedentes de Servicios de Inteligencia extranjeros», pero también avisa que «la digitalización de las organizaciones ofrece a los servicios de Inteligencia hostiles la posibilidad de emplear nuevos procedimientos de obtención de información de forma muy eficiente y segura». En el contexto de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, «el acceso a las redes nacionales era de gran relevancia para Rusia. En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Defensa se mantienen como objetivos prioritarios de sus unidades de ciberespionaje».

Hace unos días, el juez García-Castellón reclamó a la Policía Nacional información sobre la presencia en Cataluña, en pleno proceso separatista, de espías rusos «expertos en sabotajes y asesinatos». La trama rusa del procés es otra de las derivadas que actualmente instruye el juez Joaquín Aguirre, y en la que se investiga la conexión entre el Kremlin y el independentismo catalán.

La amnistía también pone coto a los resultados de este proceso judicial, pues suprime el delito de «alta traición» salvo en el caso de que se hubiera producido una «amenaza real y efectiva» o un «uso efectivo de la fuerza».