Los dos policías víctimas de Tsunami piden a García-Castellón investigar la injerencia rusa en el 1-O

Los dos agentes de Policía Nacional, agredidos en las protestas independentistas de octubre de 2019 lideradas por la plataforma Tsunami Democràtic, han solicitado al juez Manuel García-Castellón que incorpore a la causa las injerencias de los espías rusos que participaron en el proceso separatista, según un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

Estos dos agentes de la UIP, que ejercen la acusación particular y están  representados por el despacho Fuster-Fabra, solicitan al magistrado que incorpore a la causa estos nuevos indicios que han sido expuestos por el juez de instrucción de Barcelona Joaquín Aguirre en un auto reciente.

Aguirre, instructor del caso Voloh en el que se investigan desvíos de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo y las conexiones de Rusia en el proceso separatista, dictó un auto -adelantado por OKDIARIO- en el que también resalta las relaciones de independentistas con los servicios secretos rusos, tal y como ha adelantado OKDIARIO, y la «extrema derecha alemana e italiana». 

Injerencias rusas

Así el magistrado detalló que existe «abundante documentación» con «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes» entre los independentistas catalanes investigados e «individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos». El juez señaló que existen «relaciones con los servicios secretos rusos y otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si éste se independizaba de forma unilateral de España».

Rusia también buscaba el apoyo de los catalanes, según afirmó el juez, si se iniciaba una «guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo (al parecer y según se desprende de algunos mensajes encontrados en el teléfono móvil del investigado Víctor Terradellas), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea». Como consecuencia de esto, explicó el instructor, «se podría producir la salida de España de la Unión Europea por causa de la independencia unilateral de Catalunya apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar».

10.000 soldados rusos

Según consta acreditado en el sumario, el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Puigdemont tuvo encuentros con intermediarios rusos, entre ellos el empresario Nikolay Sadovnikov, que es una persona muy próxima a Vladímir Putin. Esas reuniones son de especial significado, ya que, según la investigación dirigida por el juez Aguirre, tuvieron lugar en vísperas del día clave marcado por los líderes secesionistas que diseñaron y lanzaron el 1-0: era la jornada en la que pretendían proclamar e instaurar la República Catalana en 2017.

En esta reunión, que consta en el sumario del caso Voloh, los intermediarios rusos se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública que Cataluña tenía con España. El abono se haría efectivo, según esa promesa, una vez que Cataluña impusiera su independencia. También se han recabado indicios que apuntan a que los emisarios del régimen de Putin prometieron a los independentistas 10.000 soldados rusos para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército tras la secesión.

Policías heridos

Los dos policías, que solicitan a García-Castellón incorporar a la causa de Tsunami las injerencias rusas reseñadas por el juez Joaquín Aguirre en un auto del Caso Voloh, se personaron en la causa de la Audiencia Nacional en noviembre del pasado año tras denunciar que sufrieron «terrorismo urbano». Les lanzaron «adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácidos y material metálico de bricolaje».

En un escrito de 44 páginas, el despacho Fuster-Fabra expuso que uno de los agentes de Policía Nacional «recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo». Por su lado, el otro policía, «encontrándose en el mismo lugar, recibió un fuerte impacto en su mano, mientras formaba parte del operativo, sufriendo una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía, ha sido jubilado a la edad de 45 años».