Sánchez bloquea la ley de bienestar animal hasta después de las elecciones para ayudar a sus barones

El 29 de septiembre. Es la fecha en la que, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor la polémica Ley de Bienestar Animal que pretende proteger a 29 millones de mascotas. Pedro Sánchez ha decidido bloquear seis meses la aplicación de la norma, que promovió la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, y que tuvo un amplio rechazo entre los barones socialistas. Lo habitual es que las leyes se apliquen a partir del día siguiente de publicación en el diario oficial o a los pocos días. Es el caso de la reforma del Código Penal para reforzar la protección penal de los animales y que penará con dieciocho meses de cárcel matar una rata, también publicada hoy, y que será efectiva dentro de 20 días.

En el anteproyecto de ley el Gobierno ya se reservó la opción de la posibilidad de aplicar de forma extraordinaria un retraso de la entrada en vigor de la norma. Inicialmente no dieron explicación alguna del por qué se guardaban ese as en la manga, algo que fue recriminado por el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño por una cuestión técnica en la mala redacción del anteproyecto. Fue entonces cuando se añadió que el Ejecutivo se reservaba esa prerrogativa «dado las obligaciones para los ciudadanos y las administraciones contenidos en el proyecto de ley». Algo que ocurre en muchos otros textos normativos y que se puede subsanar con una moratoria en el articulado para dar un margen de aplicación. Entre otras novedades, para poder tener un perro se deberá realizar un curso de formación cuya validez es indefinida. También se obligará al titular del animal a tener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y se establecerán sanciones de hasta 10.000 euros por dejar al perro solo en el balcón.

La norma de Belarra prohíbe el uso de animales en circos, belenes o procesiones y a llevar un registro de mascotas. El texto afecta a todos los animales de compañía y silvestres en cautividad. Los perros de caza, guarda y de trabajo quedaron excluidos de la norma por una enmienda presentada por el PSOE -fruto de las presiones de los barones- y que obtuvo el respaldo del PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV pero no de sus socios habituales como Podemos, ERC o Bildu. La nueva ley establece que los vertebrados deberán vivir en condiciones «dignas» que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable y, en concreto los que viven en jaulas, acuarios o terrarios tendrán que disponer de un espacio adecuado para garantizar sus derechos.

El texto redactado por el equipo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 advierte que no se podrán usar métodos que provoquen sufrimiento, ansiedad o miedo a los animales, así como utilizarlos de premio. También queda terminantemente prohibido dejarlos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro y cada animal tendrá que pasar un reconocimiento veterinario periódico que tendrá que quedar registrado. Cada animal tendrá que estar permanentemente localizado e identificado y en caso de pérdida o robo se deberá comunicar a las autoridades en un máximos de 48 horas, ya que tampoco se dejar ningún animal sin vigilancia durante un máximo de tres días, algo que en el caso de los perros no podrá superar las 24 horas consecutivas.

Una vez entre en vigor la norma, se podrá acceder con animales de compañía a los medios de transporte, establecimientos y espacios públicos, en establecimientos públicos y privados, los alojamientos hoteleros, restaurantes y bares. Igualmente, tendrán acceso a edificios y dependencias públicas y a los albergues, refugios, centros asistenciales destinados a la atención de personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar o víctimas de violencia de género. Los Ayuntamientos quedarán obligados a recoger durante 24 horas animales extraviados y abandonados y alojarlos en un centro de protección animal, propio o bien a través de acuerdos con entidades privadas. Los centros públicos de protección animal tendrán que  esterilizar a los perros, gatos y hurones que lleguen a sus instalaciones.