No fue ocurrencia de Belarra: Moncloa avaló que matar a una rata sea penado con hasta 18 meses de cárcel

Moncloa no puso objeción a las penas por maltratar a «animales vertebrados» que pueden acarrear condenas de hasta 18 meses de prisión en caso de que se ocasione la muerte del animal. La reforma del Código Penal, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, ha resultado especialmente polémica por afectar a los animales silvestres que viven en libertad, como ratas o culebras. Esa modificación fue impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, pero contó además con el Ministerio de Justicia -en manos del PSOE- en calidad de coproponente. Además, según ha podido confirmar OKDIARIO, el Ministerio de la Presidencia no elevó ninguna alegación en el trámite de elaboración, dando así el visto bueno a las elevadas sanciones.

En ese trámite, además del de Presidencia, Belarra recabó los informes del Ministerio de Hacienda, Agricultura, Igualdad y Transición Ecológica. Tampoco en ese caso hubo matices al marco penológico.

Es más, el anteproyecto ideado inicialmente por Belarra recogía penas aún más elevadas, que llegaban hasta los dos años de cárcel para quien provocase la muerte de un animal vertebrado. Esa pena se suavizó después, ligeramente, en el caso de los vertebrados, con el fin de distinguirla de la correspondiente para los animales domésticos. El Partido Socialista tampoco pretendió modificar las penas y sanciones con enmiendas en la tramitación parlamentaria.

«Vertebrados»

La reforma introduce un cambio fundamental al ampliar su alcance a todos los «animales vertebrados» y no únicamente los domésticos. Esto incluye a unas 72.000 especies, de las cuales, más de medio millar habitan actualmente en España. Todas ellas, pues, quedarían incluidas en el nuevo marco sancionador.

El texto contempla penas de entre seis y 18 meses de cárcel, además de inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, a quien «cause la muerte de un animal vertebrado». Si se trata de un animal «doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano», la pena es superior, de 12 a 24 meses, además de inhabilitación especial de dos a cuatro años.

La horquilla dependerá de las circunstancias de lo ocurrido, pero se establece que se impondrán «en su mitad superior» cuando medien circunstancias agravantes, como «utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal», «ejecutar el hecho con ensañamiento», «causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal, «realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal», «ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable», «ejecutar el hecho con ánimo de lucro», «cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia», «ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información o la comunicación» o «utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva».

En el caso de que no se provoque la muerte, las penas oscilan entre los tres y 12 meses de cárcel para animales vertebrados -o multa de tres a seis meses-, y de tres a 18 meses o multa de seis a doce meses en animales domésticos.

Punitivismo

Según la exposición de motivos, «este cambio enmienda una de las más evidentes carencias del tipo actual, que deja fuera de su ámbito de aplicación conductas de maltrato a animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no pertenecen a especies protegidas, resultan impunes».

Desde el Gobierno se considera que «tanto desde los diversos colectivos de operadores jurídicos como en la sociedad en general, se percibe una cierta impunidad del maltrato animal, con penas no proporcionadas a la gravedad de los hechos y falta de mecanismos para la salvaguarda efectiva de los animales, tanto en la tramitación como al finalizar el procedimiento judicial». Por ello, «para solucionar esta problemática, se incorporan al delito de maltrato animal nuevas agravantes, que permitirán la imposición de penas más graves en aquellos casos que merecen mayor reproche».

El Ejecutivo ha despreciado las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya en noviembre emitió un informe en el que advertía de que la protección a todo animal vertebrado «provocará importantes problemas al resultar difícilmente conciliable con la protección debida a otros bienes jurídicos como la salud pública o el medio ambiente».

Este organismo alertaba además que el marco penológico afectaba al principio de proporcionalidad, ya que «la pena prevista para el maltrato animal cuando concurra la circunstancia agravante de haber cometido los hechos para causar daño a quien sea o haya sido cónyuge del autor, es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer».

También desde la oposición se ha avisado de los efectos. «Esta reforma hará que quede más castigada la agresión a un animal que a una mujer o a una persona con discapacidad. Hará que un paisano de pueblo vaya a la cárcel por matar a una rata. Hará que le denuncien por abandonar a su perro, si pasea solo por el pueblo, como lo ha hecho toda la vida», aseveró en el Congreso la diputada del Partido Popular, Milagros Marcos.