PSOE y Podemos rechazan en el Congreso endurecer la ley contra las okupaciones porque son «anecdóticas»

PSOE y Podemos, los dos partidos del Gobierno, junto a sus socios de la mayoría Frankenstein excepto el PNV, se han opuesto este martes en el Congreso de los Diputados a la toma en consideración de una proposición de ley del PP para endurecer las medidas contra las okupaciones ilegales de viviendas.

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Eva Bravo, ha afirmado que la okupación es actualmente «anecdótica», subrayando que «la realidad no se corresponde con la alarma que han generado» los populares. La diputada electa por Cádiz ha esgrimido para ellos datos del registro de penados, que, según ha dicho, apenas refleja «238 condenas por okupaciones en el año 2019».

Bravo ha criticado que el PP quiere endurecer una normativa que aprobó en el año 2018. «¿En dos años ha cambiado tanto la situación?», ha reprochado al principal partido de la oposición. Junto a ello, la diputada socialista ha enfatizado que el Gobierno socialcomunista ya persigue las okupaciones «con eficacia» para «proteger a los propietarios». Y respecto a las medidas contempladas por el PP en su proposición de ley, ha manifestado que «no superarían un mínimo examen constitucional».

La portavoz de Vivienda del Grupo Popular, Ana Zurita, ha subrayado en la defensa del texto que «no puede ser que tengamos un Gobierno que no asuma el compromiso con nuestros derechos y libertades». «La okupación es una lacra que se ha extendido hasta el punto de producirse más de 40 okupaciones diarias, los datos se han duplicado desde 2019. España tiene una legislación laxa, y con los últimos reales decretos se incita a la okupación», ha remarcado.

Zurita se ha referido así al decretazo del Gobierno convalidado el 4 de febrero en el Congreso y que ampara las okupaciones ilegales de viviendas sin «violencia» e «intimidación» durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Un controvertido texto que tanto PP como Vox llevarán al Tribunal Constitucional.

En concreto, la iniciativa de los populares debatida este martes y apoyada por Vox, Ciudadanos y el PNV, aboga por penas más duras, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y por proteger a los vecinos afectados por estas situaciones.

Esta proposición de ley fue anunciada por el presidente del PP, Pablo Casado, el pasado mes de julio para recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas», según informó Ep.

En la iniciativa, los populares pretender legislar contra «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque «provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».

Artículo 245 del Código Penal

En este contexto, el PP reclama introducir en el artículo 245 del Código Penal «el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada, y estos ocuparan dos o más cosas inmuebles o usurparen varios derechos reales inmobiliarios ajenos». «Se impondrán igualmente las penas superiores en grado a los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de un grupo organizado que actúe en los términos del artículo 570 bis del Código Penal», recoge el texto de los populares.

Sobre esta reforma del Código Penal, la portavoz de Vivienda del PSOE ha acusado a los populares de internar un «ejercicio de populismo punitivo». Frente a ello, Bravo ha dicho que con «penas desproporcionadas no se va a solucionar el problema de las okupaciones», que, por tanto, ha reconocido pese a la calificarlas de «anecdóticas». Así, la diputada socialista ha afirmado que este fenómeno «se combate previniendo y adoptando medidas para luchar contra la pobreza, como está haciendo el Gobierno con el Ingreso Mínimo Vital y la construcción de viviendas sociales», ha señalado.

Por Unidas Podemos, el diputado Rafael Mayoral ha criticado que el planteamiento del PP ante «el fenómeno social de la okupación sea el ‘todos a la cárcel’, con penas de prisión».

De otra parte, los de Pablo Casado también defienden que las comunidades de vecinos y los propietarios, como personas jurídicas, «deben poder actuar directamente ante los tribunales». «Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», esgrime el PP.

Empadronamientos

El texto de los populares también desvincula los conceptos de «morada» o «domicilio» de las situaciones de ilegalidad por ocupación: «La presente norma tiene como finalidad reforzar el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero», recoge la iniciativa, según informa Ep.

De esta manera, el PP exige «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas», ya que, según denunció Casado, «se empadronan para recibir ayudas sociales y para que los legítimos propietarios de la vivienda no les puedan desahuciar».

En su intervención, la diputada socialista ha calificado esta propuesta de «innecesaria y superflua» porque «el ordenamiento vigente impide el empadronamiento de los ocupantes ilegales», ha apostillado Bravo.