El presupuesto de Irene Montero aumenta más que los de Sanidad y Educación

Irene Montero contará el próximo año con 564 millones para sus políticas «feministas», un incremento del 9,3% con respecto a las cuentas de 2022, en plena crisis económica. Así se recoge en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que este jueves han sido presentados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este incremento porcentual es superior al de otros ministerios, entre ellos, Sanidad (aumenta un 6,4% y contará con 3.010 millones), Educación (que contará con 5.976 millones un 6,6% más que el año pasado), Justicia (que aumenta un 2,5%, hasta los 2.304 millones), Ciencia (que sube un 3,9%) o Universidades (con un 2,6% más). El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, también alcanza una cifra récord, con 5.399 millones, un 17,2% más de su actual dotación. Y el de Consumo, en manos de Alberto Garzón, se ve reforzado con un incremento del 8,1%, hasta los 65 millones.

Desde su creación, con el pacto de coalición entre PSOE y Podemos, el presupuesto para el Ministerio de Igualdad no ha dejado de crecer, superando por primera vez los 500 millones el año pasado, cuando creció el 14,4%. La cuantía destinada a este departamento ha estado siempre envuelta en la polémica, así como sus gastos, de dudosa utilidad.

Polémicas

La ministra podemita podrá seguir desarrollando así con holgura su agenda ideológica en un año marcado por el ciclo electoral.

Precisamente, este mismo jueves el Congreso ha debatido dos de sus normas estrella, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, o ley trans, y la de modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La medida principal la reforma de la ley del aborto es permitir a menores a partir de los 16 años a poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores. La ley trans permitirá la autodeterminación de género sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años y a partir de los 16 sin consentimiento paterno.

Los presupuestos aprobados este martes en el Consejo de Ministros, y que ahora serán negociados con los grupos, suponen un gasto récord en plena crisis económica, con la inflación desbocada.

Con 198.000 millones de euros de techo de gasto, las cuentas llegan convertidas en una maquinaria de compra de hasta 17 millones de votos en año electoral a base de medidas populistas a costa del contribuyente.

Entre estas medidas electoralistas se encuentran el aumento del salario de los funcionarios -que afectará a 2,7 millones de empleados públicos-, la actualización de las pensiones con el IPC (que estima en un 8,5% y se aplicará a más de 10 millones de personas), la prolongación de la gratuidad de los trenes de cercanías (2 millones de beneficiarios) en 2023, la subida del ingreso mínimo vital (1,2 millones), el incremento del bono social térmico (1,2 millones de hogares), el cheque-crianza o la extensión de las bajas por maternidad.

Los Presupuestos incorporan además el paquete fiscal recientemente anunciado por el Ejecutivo, que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros.