Dictadura lingüística

El PP lleva al Congreso una condena al acoso a la familia de Canet que retratará a Sánchez

Canet de Mar
Escuela Turó del Drac, en Canet de Mar (Barcelona).

El Grupo Parlamentario Popular ha impulsado una declaración institucional en el Congreso de los Diputados en defensa de los derechos y libertades educativas y lingüísticas y de condena al linchamiento a la familia de Canet de Mar (Barcelona), acosada por los separatistas por lograr que la Justicia reconozca el derecho de su hijo de cinco años a recibir el 25% de sus clases en español.

En el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se pide que el Congreso manifieste «su más enérgica condena» contra este acoso y amenazas y traslade «de forma unánime su apoyo y solidaridad» a la familia de Canet de Mar. Igualmente, se reafirma el «compromiso con la igualdad efectiva y real de los españoles en el ejercicio de sus derechos y libertades; y en particular, con la garantía del derecho de todos los alumnos a la utilización del castellano como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25%».

A tal efecto, en la declaración se emplaza a la Generalitat de Cataluña «a velar por la protección del menor y a cumplir, de manera eficaz e inmediata» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que «dispone el reconocimiento por parte de los poderes públicos de las dos lenguas cooficiales como vehiculares en el sistema educativo».

Asimismo, se «urge al Gobierno a requerir a la Generalitat de Cataluña tanto al cumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales, como a la protección de la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades».

«En caso de ser necesario, le insta a ejercer la potestad que la Constitución española y las leyes le otorgan para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la obligación de preservar el derecho a la utilización del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo en Cataluña», concluye la iniciativa, que tendrá que lograr la unanimidad de los grupos, algo a todas luces improbable.

En el texto se recuerda que , pese a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los alumnos a recibir al menos un 25% de clases en español como lengua oficial del Estado en todos los centros educativos, la Generalitat exhorta a los responsables de los centros educativos «a incumplir una sentencia judicial firme y a vulnerar la ley».

«La Generalitat de Cataluña ha instado la dirección de este centro escolar al desacato y la desobediencia, señalando a la familia como el problema y permitiendo una campaña intolerable de acoso, señalamiento y violencia moral contra ella. Estas manifestaciones de odio e intimidación se han concretado, a modo de apartheid lingüístico, en un llamamiento al apedreamiento de la casa del menor y a su aislamiento social para que se encuentre “absolutamente solo en clase”, lo que ha desencadenado una ola unánime de rechazo y repulsa en el seno de la sociedad española», recoge la iniciativa.

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