La nueva cesión de Sánchez: blanquea el referéndum ilegal de ERC como «legítimas diferencias»

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta satisfacer a ERC también por la vía del lenguaje. Si hace unos días el propio presidente en funciones recuperaba el concepto de «seguridad jurídica» recogido en el ‘Documento de Pedralbes’ -pactado con Quim Torra en diciembre pasado- ahora ha popularizado un nuevo término: «legítimas diferencias».

El Ejecutivo, y también el PSOE, habla así para avalar la negociación con ERC, pese a que los republicanos insistan en su reclamación de un referéndum ilegal de independencia.

El concepto fue utilizado, por ejemplo, en el comunicado que Moncloa tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. En la nota -difundida más de cinco horas después del fallo europeo, y sólo media hora más tarde de que ERC amenazase con romper las negociaciones si no existía un pronunciamiento del Gobierno- se hacía un llamamiento a todos los actores políticos para abrir «una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo» desde el «respeto a las legítimas diferencias».

La alusión no es exclusiva del Ejecutivo en funciones. El PSOE se ha encargado además de reforzar ese mensaje a través de un editorial, ‘Gobernar la diferencia por el bien común’, distribuido a la militancia.

Bajo el titular, ya explícito, se avalan las negociaciones para la formación de Gobierno porque «nuestro país no puede permitirse más parálisis». 

En este contexto, consideran los socialistas que «es urgente que todas las formaciones asuman el reto de recuperar el valor de la política».  Y sobre la «crisis política» en Cataluña -concepto también asimilado del lenguaje independentista- añaden que «es más necesario que nunca que se abra paso el diálogo».

«En el marco del Estado social y democrático de derecho que es España, y desde el respeto a la legítima diferencia, los actores políticos sin excepción deben abrir una etapa presidida por la negociación y el acuerdo para superar el clima de confrontación y la unilateralidad, que no hace sino perjudicar, especialmente, a la sociedad catalana», sostienen desde Ferraz.

Sin menciones a la Constitución

Ni en este texto, ni tampoco en el comunicado del Gobierno, se menciona la Constitución, que se sustituye por eufemismos como «el marco de la legalidad».  «La política es el ejercicio de hallar soluciones en el marco de la legalidad y desde el respeto a las instituciones, de gobernar las pasiones y sobreponerse a las emociones para cerrar acuerdos con quienes piensan diferente y por el bien común», añaden los socialistas.

Los matices lingüísticos del Gobierno no son cuestión baladí. Hace unas semanas, desde Bruselas, Sánchez aseguró que «el diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo» y añadió que «el marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas».

Las declaraciones supusieron un nuevo gesto hacia el independentismo ya que ese concepto «seguridad jurídica» vendría a sustituir a la Constitución, de acuerdo a Pedralbes.

En la nota conjunta entre Sánchez y Torra, se afirmaba la «existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña» y se apostaba por un «diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana», es decir, avalado por un referéndum.

Entre los objetivos, recogía la «convocatoria de la comisión bilateral y de la mesa de partidos», órganos al margen del Congreso y el Parlament.