Polémica por los lazos amarillos

Sánchez no actuó durante meses contra los lazos amarillos porque los consideraba «libertad de expresión»

El Gobierno de Pedro Sánchez consideraba que los lazos se enmarcaban en la "libertad de expresión" y que cualquier conflicto debería ser resuelto "acudiendo a los órganos jurisdiccionales" correspondientes.

Sánchez no actuó durante meses contra los lazos amarillos porque los consideraba «libertad de expresión»
Quim Torra y Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez evitó irritar a las autoridades golpistas durante los meses de su legislatura ordenando retirar los lazos amarillos, símbolo de apoyo a los presos golpistas, pese a las numerosas quejas por la falta de neutralidad que suponen para las instituciones catalanas.

Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito al senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, del pasado octubre.

En la pregunta, el senador se hacía eco de una información según la cual, en la noche del 29 de agosto de 2018, 80 personas retiraron lazos amarillos y otros símbolos independentistas en varios pueblos de Gerona. "¿Considera el Gobierno español que estas actitudes no respetan la libertad de expresión son propias de una democracia del siglo XXI?". 

En su respuesta, el Ejecutivo evita pronunciarse sobre "actuaciones individuales que se realizan en los ámbitos de competencia de otras administraciones y que se vinculan a las libertades constitucionales, que deben ejercerse en el marco de la legalidad, y que corresponden a todos los ciudadanos por igual".

"Por otro lado" -añade- "la Generalitat de Cataluña, en el seno de la Junta de Seguridad del pasado 6 de septiembre de 2018, compartió el compromiso de garantizar el acceso de todos al espacio público, evitando su ocupación excluyente por parte de quienes defienden cualquiera de sus opciones legítimas y asegurando de este modo, el principio de neutralidad en su uso".

No obstante, al final de su respuesta, el Ejecutivo precisa: "El Gobierno español respeta la libertad de expresión de todas las ciudadanas y ciudadanos" y destaca que "la forma en la que la Constitución prevé la solución de los conflictos que puedan surgir en su ejercicio, que es acudiendo a los órganos jurisdiccionales".

El Gobierno defiende la "diligencia"

Este viernes, preguntada por el órdago de Quim Torra al Estado en la retirada de los lazos amarillos, la portavoz de Sánchez, Isabel Celaá, negó que hubiese existido "pasividad" por parte del Ejecutivo y rechazó las críticas a su falta de iniciativa de los últimos días.

Celaá ha defendido que el Ejecutivo ha sido "absolutamente diligente" y que ha atendido a las peticiones de información de la Junta Electoral Central "en tiempo y forma".

El pasado 6 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el consejero catalán del ramo, Miquel Buch, pactaron, en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, el "compromiso de garantizar un espacio público neutral", según dijo Marlaska, en relación con los lazos amarillos.

Entonces, el Gobierno evitó ir más allá, y tampoco explicitó cómo garantizaría esa neutralidad. "Todos somos conscientes de que las calles no pueden ser monopolizadas por nadie", respondió únicamente el ministro.

Ambos dirigentes evitaron entrar en la polémica. Incluso Buch aseveró que la tensión, en varios casos con enfrentamientos, entre las personas que colocaban lazos, y quienes los retiraban, no suponían "un problema grave de convivencia". Ambos atacaron, sin mencionarlo, a Ciudadanos, partido muy crítico con la colocación de estos símbolos. "No estamos para generar problemas", reprochó incluso Marlaska.

Se trató, en cualquier caso, y como ha demostrado el tiempo, de un compromiso más cosmético que otra cosa, basado, dijeron ambos entonces, en la "lealtad" entre las administraciones. Ambos confiaron también en que los mossos responderían ante cualquier eventual problema.

Meses después, y coincidiendo con el periodo electoral, la propia Ley ha obligado a las autoridades catalanas a retirar la propaganda.

El pulso mantenido por Quim Torra contra la Junta Electoral Central le enfrenta ahora a un proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado dio instrucciones este viernes para que "se proceda a ejercitar acciones penales" y se interponga "la correspondiente querella" contra el presidente catalán. El delito sería, presumiblemente, de desobediencia, lo que puede acarrear hasta dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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