Sánchez acepta que el País Vasco tenga un “sistema penitenciario propio” para contentar a los separatistas

Pedro Sánchez-PSOE
Carlos Cuesta

Las negociaciones de Pedro Sánchez con el PNV para el futuro Estatuto vasco no han cesado. Los nacionalistas vascos ya tienen el ‘sí’ del PSOE al régimen de «autodeterminación», que incluye la anexión de Navarra. Ahora, también han logrado una nueva cesión de Sánchez: la creación de un «sistema propio penitenciario».

Se trata de una de las grandes cesiones que, junto con un “Consejo de Justicia de Euskadi”, conformarían los primeros regalos de una nueva vuelta de tuerca que los nacionalistas vascos quieren que llegue hasta el pacto de un referéndum separatista. Y lo quieren como parte del pago por el apoyo a Pedro Sánchez en la futura e hipotética gobernabilidad.

El PNV pide. Y el PSOE contesta. Y lo ha hecho de la siguiente manera, dentro de las negociaciones que se mantienen en el Parlamento Vasco para ir dibujando el articulado del futuro Estatuto vasco: afirma que acepta “organizar un sistema propio de tratamiento penitenciario en los términos compatibles con la Constitución, sin perjuicio de la competencia del Estado en la legislación básica en la materia”.

La coletilla sobre el respeto a la Constitución es un clásico, aunque lo cierto es que la premisa base del texto del Estatuto es inconstitucional pese a lo que se sigue negociando: la Constitución Española no acepta de ninguna manera una soberanía vasca.

El PSOE, por lo tanto, ha aceptado adentrarse en una negociación que evidentemente camina a desafiar los postulados de la Constitución, como ya hiciera con la negociación del Estatuto Catalán en la fase de Gobierno del Tripartito.

Los socialistas anticipan previamente otra cesión, como base para poder crear el sistema penitenciario propio vasco. Y es que se haría “en la medida en que se cumplimente la transferencia de prisiones, para poder ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas presas orientadas a su reinserción en los términos previstos por la Constitución en su artículo 25”. Es decir, que el traspaso de la competencia de prisiones también se da por hecho.

Múltiples cesiones de Sánchez

Y es que el catálogo de cesiones de Pedro Sánchez ante los nacionalistas vascos y catalanes empieza a ser inagotable. Pedro Sánchez sigue negociando apoyos de los separatistas mientras afirma que se presenta a las elecciones del 28-A para defender la Constitución. Negocia cesiones y pactos en Cataluña. Y lo está haciendo en estos momentos con el PNV. El Estatuto Vasco pone sobre la mesa la “autoderminación”, la anexión de Navarra y los territorios del País Vasco francés así como el condado de Treviño y el Valle de Villaverde, tal y como ya ha publicado OKDIARIO.

Otra de estas cesiones -la del Consejo de Justicia de Euskadi- es tan delicada que bordea el espacio prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía Catalán. Porque ese Consejo de Justicia podrá controlar los jueces de vigilancia penitenciaria y quien ostente este poder podrá influir en la estancia efectiva en prisión de los ya condenados a penas privativas de libertad. Entre ellos, por supuesto, los etarras.

Los socialistas aceptan ya abiertamente negociar puntos muy delicados de ese futuro Estatuto vasco. Un texto que se parece más a una Constitución de un Estado soberano que a una Ley Orgánica de desarrollo de las competencias autonómicas. Y es que ese texto asegura que el País Vasco es nación, que debe tratar de “igual a igual” a España, nunca bajo una “subordinación”, y que sus nuevas relaciones se deberán establecer bajo el principio de autodeterminación del “sujeto jurídico político” de la “nación” vasca.

A partir de ahí, el PNV detalla un completo vaciado de competencias españolas y una absorción plena por parte de lo que ellos consideran “nación”, eso sí, una “nación” que, por la propia conveniencia y libre determinación de los vascos, opta por mantener un acuerdo con España.
Y la respuesta de los socialistas de Pedro Sánchez no ha sido un portazo. Todo lo contrario: están dispuestos a negociar, por ejemplo, un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”.

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