El Parlamento Europeo prohíbe la entrada a los fugados Puigdemont y Comín cuando se colaban en un acto oficial

El Parlamento Europeo ha impedido al ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y a su ex consejero Toni Comín, ambos fugados de la Justicia por el golpe de Estado de 2017, entrar a su sede en Bruselas para tramitar la acreditación temporal que se da a los nuevos eurodiputados, a la espera de que las autoridades españolas notifiquen la lista oficial de eurodiputados. Los separatistas han llegado a las instalaciones de los Veintisiete para asistir al acto «Welcome Village». 

El incidente se ha producido pasadas las 17:00 horas, cuando Puigdemont y Comín, eurodiputados electos por la lista de JxCAT en las elecciones del pasado domingo, han intentado acceder a las instalaciones de la Eurocámara para solicitar el pase provisional que se otorga a los nuevos diputados mientras se formalizan las listas.

Sin embargo, según varios testigos consultados por Europa Press, cuando los dos golpistas catalanes han llegado, los servicios de seguridad han comprobado que sus nombres aparecían en la lista de nuevos eurodiputados pero marcados para indicar que no se les facilitara la entrada.

Aunque la lista oficial de los 54 eurodiputados elegidos en España no ha sido comunicada aún al Parlamento Europeo, a la espera de que acudan a la Junta Electoral Central en Madrid para acatar la Constitución y recoger su acta, otros eurodiputados como José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, y Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu), sí han podido completar esta primera acreditación en Bruselas.

Puigdemont tilda los hechos de «discriminación»

Puigdemont, al no poder acceder al Parlamento Europeo, ha comentado que la prohibición se ha hecho «sin razón legal» y la ha tildado de «pura discriminación». Además, el ex presidente de la Generalitat ha señalado directamente al secretario del Parlamente como responsable de estos hechos: «Ha instruido que ni Comín, ni yo, ni Junqueras podamos hacer formalidades como diputados. Todas las demás electos han sido capaces de hacer el papeleo que hemos evitado. ¡Vergüenza!».

El secretari general del Parlament Europeu ha donat instruccions que ni @toni_comin, ni @junqueras ni jo puguem fer cap tràmit com a eurodiputats. Cap raó legal. Discriminació pura. Tots els altres electes han pogut fer els tràmits que a nosaltres ens han impedit. Vergonya! pic.twitter.com/xqwNWe2K0O

— Carles Puigdemont (@KRLS) May 29, 2019

Por su parte, fuentes de la Eurocámara han explicado a Efe, los nuevos eurodiputados reciben un pase provisional para facilitar su acceso al Parlamento mientras no llegan las comunicaciones oficiales de los Estados miembros confirmando los eurodiputados de cada país. «La acreditación está supeditada a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales conteniendo la lista oficial de diputados», añadieron las fuentes parlamentarias.

Según esas mismas fuentes, la Eurocámara «puede decidir no conceder ninguna facilidad hasta asegurarse de que la persona ha obtenido realmente el acta de diputado».

Fugados de la justicia desde 2017

Tanto Comín como Puigdemont son fugitivos de la Justicia española desde que se consumara el golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017 con la celebración de un referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional y la llamada Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament.

La cúpula de los Veintisiete impide la entrada de los dos golpistas en el edificio del Parlamento Europeo el mismo día en el que la Fiscalía del Supremo ha ratificado en el juicio su acusación por rebelión contra los líderes independentistas y ha pedido al tribunal que si son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).