Acuerdo PSOE-Bildu en Pamplona

El pacto PSOE-Bildu en Pamplona «reconoce» a etarras como «víctimas» para «promover una sociedad justa»

El PSOE se compromete con Bildu a "reconocer" y "reparar" a las víctimas de "motivación política"

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El pacto alcanzado entre el PSOE y Bildu para entregar la Alcaldía de Pamplona a los proetarras incluye el compromiso de «reconocer» y «reparar» a las «víctimas de motivación política», es decir, aquellos que declaren haber sufrido supuestas torturas y abusos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en el marco de la lucha antiterrorista. Los socialistas tratan de blanquear ese reconocimiento, acordado con la formación de Arnaldo Otegi, haciendo referencia a los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En concreto, apuntan al objetivo número 16, «cuya finalidad es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas», justifican.

En concreto, el acuerdo alude a la llamada Ley Foral 16/2019 de las víctimas de motivación política y señala «la necesidad del reconocimiento y la reparación de las víctimas generadas en situaciones de conflicto allá donde se encuentren».

Esa norma, que fue aprobada en 2019 con el voto en contra de UPN y el Partido Popular y la abstención de los socialistas, tiene por objeto promover el reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas generadas «por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha», regulando los medios y mecanismos para su consideración como damnificado y, en su caso, «beneficiario de los correspondientes derechos de reparación integral». De la ley sólo quedan excluidas las personas que «resultaran fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con propósito terrorista, incluida la pretensión de repeler o evitar actuaciones legítimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

El Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, llegó a encargar un informe en el que se denunciaban 1.068 casos de supuestas torturas y malos tratos por parte de la Policía, sin aportar sentencias, desde 1960. El informe criminaliza a la Policía, Guardia Civil y otros funcionarios públicos y apunta abiertamente a que gran parte de los supuestos torturados eran etarras («El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista principalmente- se han perpetuado hasta tiempos muy recientes»).

Acuerdo PSOE-Bildu

El PSOE trata de blanquear ese reconocimiento incluido en su pacto con Bildu, enmarcándolo en los llamados Objetivos de Desarrollo de la ONU. «Nos comprometemos también con el desarrollo de lo expuesto en el objetivo nº 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas establecido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible firmada en septiembre de 2015 en el marco de las Naciones Unidas, cuya finalidad es promover sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas, en virtud del cual, la Ley Foral 16/2019 de las víctimas de motivación política expone la necesidad del reconocimiento y la reparación de las víctimas generadas en situaciones de conflicto allá donde se encuentren».

El motivo esencial es «reparar y reconocer» a etarras y proetarras que se declaren «víctimas» de esos supuestos abusos policiales. Precisamente, Bildu se ha jactado de ese acuerdo en su comparecencia para valorar el pacto con el PSOE. La coordinadora del partido de Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, explicó que el acuerdo contiene la elaboración de un «plan de convivencia, reparación y no humillación» a las víctimas de ETA y también a las de «motivación política», equiparando así ambas categorías.

Zabaleta se congratuló de que el acuerdo «hace posible lo que hasta ahora no lo había sido» y desgranó que uno de los objetivos será convertir a la capital navarra en «la ciudad de la convivencia», entre otras, con «iniciativas que hagan de Pamplona la ciudad de la memoria, la justicia y la reparación». Y, en concreto, «colaborar con el Gobierno de Navarra para la elaboración del primer plan de convivencia, reparación y no humillación de las víctimas de ETA y las víctimas de motivación política, de acuerdo con la Ley foral 16/2019», antes mencionada.

El PSOE, por su parte, ha tratado por todos los medios de justificar el pacto, blanqueando incluso que sus socios no condenen la actividad criminal de ETA.

«Hemos sido víctimas de ETA. He tenido que llevar escolta, a mi hija mirando los bajos de mi coche y he sufrido la presión por defender la democracia y la palabra. Hace más de 12 años que la democracia venció a ETA», ha señalado el secretario de Organización del PSOE en Navarra, Ramón Alzórriz, que ha destacado que en Bildu «sienten el dolor de las víctimas».

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este acuerdo entre el partido de Sánchez y los proetarras, tachando de «indignante que el PSOE entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales». «Vamos conociendo el precio que ha pagado el presidente para volver a ser presidente del Gobierno, no solamente la amnistía, es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas».

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