Chivite criminaliza a la Policía con un informe de torturas a etarras desde 1979 sin aportar sentencias

El Gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, ha recibido este lunes el informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) que sostiene que, desde 1979 a 2015, se ha «identificado» a 676 personas que «denuncian» haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral.

El documento, que ha sido impulsado desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo navarro, sostiene que el número de casos podría llegar a los 825, arrojando una cifra total de 1.068 casos sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo 1960-2015. El informe – Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad- cuenta con financiación pública y complementa a otro trabajo previo, también elaborado por este instituto.

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha destacado el «valor» de un informe como éste que, en su opinión, «visibiliza una gran vulneración de derechos humanos que se produjo en Navarra en las últimas décadas». El Gobierno de Chivite pretende que este documento sirva de base para el proceso abierto de reconocimiento de víctimas «por actos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos» que está llevando a cabo dentro de la Comisión de Reconocimiento y Reparación, en base a la polémica ley de «víctimas por actos de motivación política».

Según Ollo, el documento «representa un avance importante en el camino hacia el esclarecimiento de la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en Navarra». «Es imprescindible mirar críticamente al pasado sin olvidos ni desmemoria, porque cuando nos referimos a los derechos humanos, no podemos olvidar los derechos de algunas personas, sino que hay que tener en cuenta los derechos de todos», ha destacado.

Etarras

El informe criminaliza a la Policía, Guardia Civil y otros funcionarios públicos, sin aportar sentencias judiciales. Apunta además abiertamente a que gran parte de los supuestos torturados eran etarras.

«El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista principalmente- se han perpetuado hasta tiempos muy recientes, si bien es cierto que, en menor medida, en los últimos años», sostienen sus autores.

Por ello, en su opinión «nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada» que, apuntan, «ha generado en las víctimas un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de Justicia».

Indemnizaciones

Precisamente, el Gobierno de Chivite ha abierto recientemente el plazo de  inscripción para que aquellos que lo soliciten puedan ser incluidos bajo la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La norma, de 2019, equipara en la práctica a una víctima navarra de ETA con aquellas que denuncien haber sido «víctimas» de alguna acción de la Guardia Civil u otro cuerpo policial o militar.

El proceso de reconocimiento se pondrá en marcha este mismo mes e indemnizará a aquellos que Bildu denomina tradicionalmente como víctimas de la «represión del Estado».

Con esta ley, cualquier persona podrá solicitar un reconocimiento o incluso una compensación de hasta 500.000 euros -equivalente a una invalidez permanente de una víctima de ETA- acusando de agresión física o moral a funcionarios policiales. Principalmente de la Guardia Civil, objetivo prioritario de esta ley, pero también de otros cuerpos policiales y militares.