Iglesias se gasta 62.000 € en un sistema para que sus políticas sean «coherentes»

Pablo Iglesias se despide del Gobierno impulsando un contrato de 62.000 euros públicos para buscar a una empresa que consiga dar «coherencia a sus políticas». El vicepresidente segundo del Gobierno ha abierto una licitación para que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que aún lidera tenga «proyectos normativos alineados».

Desde el equipo del líder de Podemos han detectado un grave problema de incoherencia entre las diferentes políticas que impulsan desde el Ejecutivo central. Por eso, han lanzado una contratación bajo el concepto «Servicio para la definición de un sistema de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) y alineación normativa». Ante la jaula de grillos que es el Gobierno de Pedro Sánchez en materias como la ley de Vivienda, la ley Trans, pensiones o reforma laboral, entre otras, Pablo Iglesias quiere que la Agenda 2030 le sirva para imponer la ideología de su fuerza política.

Hasta el día 1 de abril de 2021 el Ministerio está abierto a recibir ofertas para que alguna compañía dedicada a «consultoría y asistencia técnica» se postule para este contrato. Para que no haya incongruencias entre los proyectos que impulsa el Gobierno de coalición se desarrollará «una propuesta de Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), orientada a favorecer el alineamiento de los marcos normativos con la Agenda 2030».

En particular, este considerable gasto lo impulsa la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que lidera Ione Belarra, la designada por Iglesias como nueva ministra del ramo. En los pliegos de la licitación, consultados por OKDIARIO, señalan que ya en 2018 el Consejo de Ministros determinó «la necesidad de elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible que permita orientar las transformaciones que han de abordarse para llegar a ser el país que queremos ser en 2030».

De esta forma, Pablo Iglesias sienta las bases para que el Gobierno promueva, dice, «una globalización más justa, inclusiva y sostenible, dentro y fuera de nuestras fronteras». «Una visión integral que debe equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible –social, económica y medioambiental- para no dejar a nadie atrás», remarcan. Para ello, el vicepresidente establece que se llevará a cabo «un marco amplio de colaboración con los distintos niveles de gobierno y diálogo con los movimientos sociales, el sector privado, la academia y el conjunto de la ciudadanía».

En este punto, señalan que esta estrategia «ha de ponerse en relación con la pandemia de la Covid-19, que ha generado una crisis sanitaria, económica y social de graves consecuencias para la ciudadanía española». Reconocen que esta crisis ha actuado «como un espejo de aumento que ha hecho más evidente, si cabe, algunas de las dificultades estructurales más serias que afectan a nuestro país». Insisten en que «hay que salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás» a pesar de las decenas de miles de fallecidos por el coronavirus.

«Para avanzar en clave de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es imprescindible alinear los marcos normativos en torno a las metas y objetivos de la Agenda 2030», apostillan. Con ese objetivo, se pretende «identificar los mecanismos institucionales y herramientas prioritarias para su puesta en marcha y su adaptación al contexto español, a partir de las mejores prácticas identificadas en el espacio de la OCDE».

Entre las tareas a desarrollar por la empresa contratada está elaborar un sistema integral de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, un marco de seguimiento y evaluación de estos puntos, un paquete de recomendaciones y directrices para la redefinición de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y formación del personal público de la Administración General del Estado.

El plazo para llevar a cabo estos encargos del Ministerio de Pablo Iglesias acaba el 30 de junio, no estando previstas prórrogas del mismo. No obstante, alguno de los elementos del contrato tienen que estar listos en abril y mayo.

Cinco personas

Los requisitos necesarios para participar de la licitación es tener un «equipo multidisciplinar, integrado por al menos cinco personas, coordinadas por un coordinador/a de perfil senior con titulación de doctorado». Además, deben probar «experiencia acreditable en la elaboración de informes y análisis en materia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible y su vínculo con la Agenda 2030». Deben ser perfiles titulados en derecho, psicología, estadística, medio ambiente, sociología, ciencias políticas, ciencias sociales, estudios internacionales y/o economía. Asimismo, se obliga a que al menos uno de los miembros de dicho equipo deberá contar con conocimiento del idioma inglés avanzado.

También se subraya que el equipo de trabajo de la entidad adjudicataria «deberá contar con experiencia en la evaluación de proyectos, análisis de datos, investigación en diseño de estrategias legales y análisis normativo a nivel internacional y español y la elaboración de textos legales para proposiciones y proyectos de ley».

Por último, aclaran que «todos los documentos y resultados de los trabajos realizados objeto del contrato serán propiedad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien podrá ejercer el derecho de reproducción y divulgación total o parcial, sin que el contratista pueda facilitarla a terceros». También se especifica que «la empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato y sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con trabajos realizados».