La orden de la Policía que desmiente a Sánchez: «La okupación afecta a la seguridad y genera alarma»

La nueva Ley de Vivienda, que ofrece más garantías a los okupas e impone obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda, choca con algunas de las órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar este fenómeno. Pese a que, en los últimos días, PSOE y Podemos han sostenido que la okupación «no es un problema real» y no «genera temor» entre los españoles, lo cierto es que Interior cuenta con un protocolo de desalojos que sí lo reconoce. Se trata de la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que determina la actuación «ante la ocupación ilegal de inmuebles».

Este protocolo nació para agilizar el desalojo de okupas, eliminando el plazo de 48 horas para echar a quienes usurpen una vivienda. La instrucción determinó que policías y guardias civiles podrían echar a quienes ocupasen ilegalmente un inmueble en caso de delito flagrante o reciente, procediendo a la identificación de los okupas y su detención.

La instrucción contrasta con el mensaje que ahora lanzan los socios de coalición para defender su polémica ley. Así, advierte que «el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles transgrede y afecta a la seguridad pública», que «ha producido una alarma social que ha incidido en la percepción subjetiva de seguridad» y «que demanda una reacción coordinada por parte del Estado».

Interior recuerda, además, que estas conductas «están generalmente relacionadas con la aparición de otras figuras delictivas, como por ejemplo defraudaciones, falsificaciones, pertenencia a grupos criminales, desobediencias, resistencias, coacciones y similares».

En consecuencia, «además de la afectación de los derechos y perjuicios que acarrea a las víctimas, en ocasiones, estos actos llevan aparejados una serie de problemas sociales de convivencia, ya que los vecinos de estos inmuebles se ven obligados a compartir espacios comunes con los autores, y de alguna manera se convierten igualmente en víctimas de estos, ya que en ocasiones deben soportar todo tipo de molestias por parte de aquellos, como ruidos, olores, obras ilegales e incluso actividades ilícitas».

«Esto conlleva frecuentes enfrentamientos entre unos y otros, por lo que la actuación policial también debe ir encaminada a la prevención y persecución de estas conductas», advertía el departamento de Grande-Marlaska.

«No es un problema»

Ahora, PSOE y Podemos se afanan por enmascarar una problemática social que en los últimos años se ha disparado. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, aseguró que el «99,15%» de las okupaciones se hace en viviendas desocupadas que pertenecen a fondos buitre y grandes tenedores. Es por esto que desde el partido de Pedro Sánchez consideran que los españoles «no tienen un problema» con la okupación. «No es un problema que esté generando mayoritariamente temor a la sociedad española», aseveró este martes la portavoz adjunta en el Congreso, Isaura Leal. El mismo argumentario ha desplegado Podemos, que sostiene que las okupaciones se reducen a «casos puntuales».

La realidad es que la polémica Ley de Vivienda dilatará extraordinariamente los procesos de desalojo. La ley introduce una polémica enmienda pactada por Sánchez con sus habituales socios parlamentarios, que impone numerosas obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda. El demandante tendrá que demostrar si la propiedad es «vivienda habitual» del ocupante que quiere desalojar y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para acreditar esa situación tendrá que recibir la autorización del propio ocupante y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales para que acrediten que no dispone de permiso. Además, el propietario tendrá que especificar si es o no un «gran tenedor», la definición que PSOE y Podemos aplican a los dueños de más de cinco inmuebles. La nueva norma incluye además que se deberá informar del «día y hora exacta» del desalojo, lo que favorecerá la protesta social para tratar de impedirlo.