El nuevo consejero de Justicia de Chivite defiende el fin de las cárceles y del delito de enaltecimiento del terrorismo

Eduardo Santos, el que será el próximo consejero de Justicia e Inmigración del Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, fue uno de los promotores de las iniciativas de Podemos para la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo. En su día, Santos fue además uno de los abogados más destacados de la organización Salhaketa-Nafarroa, que defiende el fin sin paliativos de las cárceles.

Santos fue diputado de Podemos en el Parlamento de Navarra y también en el Congreso, y actualmente, es secretario general del partido en la Comunidad Foral.

El próximo consejero navarro se mostró además a favor de los agresores de los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, y acudió incluso a la Audiencia Nacional para trasladarles su apoyo. «Peleas como ésta hay miles en  el Estado español», consideró.

Contra las cárceles

Santos fue uno de los miembros más destacados de la plataforma Salhaketa-Nafarroa, una asociación de apoyo a los reclusos navarros que promueve la desaparición de las cárceles. Se definen como «una asociación anti carcelaria y anti punitivista», que trabaja desde 1988 en «defensa de los derechos de las personas presas y de sus familiares, buscando medidas alternativas a la prisión».

En 2016, el diputado recibió en el Parlamento de Navarra, junto a otros parlamentarios de Bildu y de Geroa Bai, a una representación de eurodiputados que viajaron hasta País Vasco y Navarra para evaluar la situación de los presos de ETA para valorar «una posible violación del derecho internacional». La visita se realizó a instancias de Etxerat, el colectivo de familiares de presos de ETA y en ella trasladaron la «preocupación por el tratamiento que recibían tanto los presos como sus familiares y allegados» con la política de dispersión.

Santos fue, junto a Sara Carreño y Jaume Matas, impulsor de los intentos de Podemos para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo.

«Este delito resulta  de difícil encaje en un sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente», exigían en una de las iniciativas. La formación de Pablo Iglesias reclamó en varias ocasiones al Congreso el fin del artículo 578 del Código Penal, que sanciona el enaltecimiento del terrorismo, además de «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares».

«Un delito de opinión»

En una de las iniciativas firmadas por Santos, de septiembre del año pasado, consideran que «el delito de enaltecimiento es un delito de opinión, que consiste en incitar «indirectamente» a la comisión de delitos terroristas. En un contexto no violento, en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión».

«Tuiteros y raperos están siendo enjuiciados por sus mensajes en la red y las letras de sus canciones. Sin embargo, pese a la dureza de sus expresiones se ha puesto de manifiesto que no existe ningún peligro de comisión de delitos terroristas ni ningún ánimo de que se produzcan», añadían. El delito, consideraban los firmantes, no debería conllevar penas de prisión.

La propuesta de Podemos fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso, el pasado año, con el voto a favor del PSOE, PNV y los partidos independentistas, y en contra de PP y Ciudadanos.