El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho de García Ortiz
Según los letrados, las vulneraciones han "pervertido" los mecanismos de garantía del proceso penal
García Ortiz formaliza ante el Supremo el pago de los 17.200 € a González Amador con dinero de donativos

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, basará su defensa de cara al juicio por el caso del fraude fiscal en las vulneraciones de derecho que sufrió a lo largo del procedimiento por la revelación de secretos del caso por el que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que a su juicio «han pervertido los mecanismos de garantía del proceso penal».
Según el escrito de defensa que ha sido presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 19, los letrados del novio de Ayuso argumentan que la difusión de datos reservados relativos a su situación procesal ha comprometido «de manera estructural» su derecho a un juicio justo.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió en el pasado mes de septiembre juicio oral contra el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.
Por otro lado, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitan para González Amador una pena de tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un delito de falsedad documental. Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid eleva la petición de condena hasta los cinco años de cárcel, al añadir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
En el arranque del escrito, la defensa sostiene que el procedimiento penal estuvo precedido «antes de existir formalmente» por la actuación ilícita atribuida al entonces fiscal general del Estado. Según los abogados, dicha conducta se produjo «con ocasión de la función jurisdiccional de la institución» y derivó en una sentencia condenatoria para García Ortiz, quien fue sancionado con una pena de multa y dos años de inhabilitación.
A juicio de la defensa, este episodio inicial marcó el devenir del proceso y dio lugar a «una acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales», entre las que destacan el derecho de defensa, la presunción de inocencia y las garantías propias de un procedimiento penal imparcial.
Por ello, el núcleo de la estrategia jurídica de cara a la vista oral se basa en la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que se planteaba explorar un acuerdo de conformidad penal.
La defensa niega delitos
Los abogados de González Amador afirman que los hechos de los que se le acusa a su cliente «no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular, PSOE/Mas Madrid».
Además, la defensa mantiene que «no existe deuda tributaria alguna pendiente de ingreso ante la Agencia Tributaria por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L.
En cuanto a los delitos, esgrimen que los documentos que obran en la causa «evidencian la realidad de la operación». Destacan que la Agencia Tributaria considera «reales los ingresos por la expansión en Latinoamérica de Quirón Prevención y los gastos de desplazamiento a México para el desarrollo de la expansión en Latinoamérica de Quirón Prevención».