Montero admite que sus listas negras de médicos antiaborto «pueden suponer un riesgo en su carrera»

La ley del aborto, promovida por Irene Montero y actualmente en trámite parlamentario, recoge entre sus novedades la polémica creación de un registro de médicos objetores de conciencia. Una medida que ha sido criticada por las asociaciones profesionales y que entra en conflicto con la libertad ideológica. De hecho, el propio Ministerio de Igualdad admite que la creación de este registro «entraña ciertamente un riesgo considerable en materia de protección de datos, en la medida en que una pérdida de confidencialidad podría tener un impacto potencialmente muy significativo, por el riesgo asociado de provocar consecuencias para la carrera profesional, actos de discriminación o daños reputacionales, entre otros».

Así lo asume en la memoria de análisis del impacto normativo remitida al Congreso y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Pese a ello, Igualdad defiende su medida porque «conlleva importantes beneficios, tanto para las personas interesadas (poder hacer efectivo su derecho a la objeción de conciencia), como para la entidad responsable», es decir, el centro sanitario, pues «permite planificar adecuadamente la asignación de recursos humanos para la práctica efectiva de las interrupciones voluntarias del embarazo, y atender razonablemente las demandas sociales». Además, destaca, «como, en última instancia, para la sociedad, en tanto que permite, de un lado, garantizar a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan, y, de otro, garantizar los plazos legalmente establecidos».

Montero ha defendido que su norma respetará «el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano» y eso implica que «siempre tendrá que haber personal disponible» en los hospitales para practicar abortos.

La ley obligará así a dejar por escrito en un registro qué médicos se oponen a realizar abortos, a fin de organizar el servicio en la red pública para que siempre haya profesionales sanitarios suficientes para poder practicar abortos. Para vigilar que esto se cumpla, la ministra, como informó OKDIARIO, prevé además reforzar el papel de la Alta Inspección. 

Temores

La elaboración de listas de médicos objetores y críticos con el aborto ha provocado temores y recelos entre la comunidad médica, donde se considera que puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias, como se garantiza en el artículo 16.2 de la Constitución Española. Estiman, además, que el registro puede ser contrario al derecho a la confidencialidad e incluso a la no discriminación y recelan de que pueda derivar en consecuencias laborales, en la medida en que el servicio tendrá que organizarse según la disponibilidad de sanitarios que estén dispuestos a esta práctica.

«A nadie se le puede discriminar por ser objetor de conciencia. Incluirlo en un registro que luego pueda tener implicaciones a nivel laboral de promociones, de contrataciones o de renovación de contratos me parece muy peligroso», alertó en su día el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Sellés, en iSanidad.

Incluso propia Montero no ha tenido reparo en admitir que «una vez que sepamos, en la privada y en la pública, el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que hay siempre personal disponible».

En la memoria enviada al Congreso, el Ministerio de Igualdad defiende que «desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad, se considera que la creación del registro resulta necesaria, pero que han de adoptarse las máximas precauciones para prevenir eventuales pérdidas de confidencialidad, integridad, autenticidad o trazabilidad».

Recientemente, Protección de Datos avisó de las necesarias «garantías» para poner en marcha este registro, como reducir al máximo las personas que podrán tener acceso, distribuirla sólo entre aquellos que «tengan atribuida la competencia para la organización y adecuada gestión de la prestación» o asegurar que los datos van destinados únicamente al fin para el que se creó el fichero. Además, los objetores deben ser informados en todo momento sobre el tratamiento de sus datos personales. La agencia instó a Montero a realizar un «análisis de riesgos» de la medida, y el Ministerio llegó a las conclusiones antes expuestas.

Aborto a los 16

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores. La norma, además, incluye otras medidas que han generado polémica, como las bajas por reglas dolorosas incapacitantes.

Según la ministra, la norma es indicativa «de la calidad democrática» del país, ya que el «derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y, al mismo tiempo, «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos» como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida».