Ayuso recurre ante el Tribunal Constitucional el decretazo energético de Sánchez

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el polémico decreto de medidas de «ahorro energético», aprobado el pasado lunes por el Gobierno, y que ha suscitado las críticas por sus medidas sobre los límites de temperatura y el apagado de los establecimientos.

Así lo ha avanzado la consejera de Energía, Paloma Martín, que ha criticado que el Ejecutivo no haya escuchado las críticas y peticiones de las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada este lunes. En ese encuentro, las regiones gobernadas por el PP han exigido la retirada del decreto, una petición que ha sido rechazada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

«No hay rectificación, mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados», ha lamentado Martín, que ha señalado que «lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio».

En concreto, las regiones del PP han trasladado a Ribera su petición de que se retire el artículo que regula las obligaciones en la temperatura, así como el apagado en las tiendas, entre otras medidas, por tratarse de su competencia.

El decreto recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Además, también obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas. Tanto edificios como locales deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.

Desde el PP se solicita una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria de los sectores afectados y, en definitiva, la retirada del decreto energético que, ha advertido, «a diferencia de lo que propone la UE impone obligaciones al sector privado». La consejera madrileña de Energía ha destacado la necesidad de trabajar para «reducir el recibo de la luz» recordando que en España se «paga la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas».

Críticas

Este decreto ha sido rechazado por comerciantes, empresarios y varias comunidades autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya avisó hace días que «Madrid no se apaga». La región ha avanzado que sólo aplicará aquellas medidas que no sean de su estricta competencia.

La dirección del PP también ha reclamado este lunes al Gobierno que retire el decreto porque, ha denunciado, «se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales». Génova ha dado autonomía a sus Ejecutivos regionales para recurrirlo si así lo consideran.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que este decreto es fruto de «una improvisación» y ha instado al Ejecutivo a «mejorar» el plan y a «escuchar» a las comunidades autónomas.

Desde el Gobierno se ha arremetido contra estas autonomías, afirmando que generan «ruido» y «confusión». Pero lo cierto es que a estas críticas se suman otras comunidades, como Cataluña, que ha advertido sobre la «inseguridad jurídica» del decreto, en alusión, sobre todo, al régimen sancionador, que es responsabilidad de las propias comunidades.