Ley trans

Montero obliga a militares y diplomáticos a formarse en «identidad sexual» y «diversidad familiar»

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La ministra de Igualdad, Irene Montero.
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La futura Ley Trans, impulsada por Irene Montero -y que este jueves afronta su debate en el Congreso con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox- incorpora un extenso apartado en formación, que afectará a los funcionarios del Estado.

La norma obliga al personal al servicio de las Administraciones Públicas a formarse de forma «continuada» sobre «diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, sobre diversidad familiar y sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBI». En definitiva, en la ideología del Ministerio de Igualdad. La ley obliga, expresamente, a profesionales en el ámbito de «la salud, la educación, la juventud, las personas mayores, las familias, los servicios sociales, el empleo, la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la diplomacia, el ocio, la cultura, el deporte y la comunicación. Además, se incluirán estos contenidos en los temarios de las oposiciones.

La ley, una de las iniciativas estrella de Irene Montero, reconoce la «libre determinación de género» sin informes médicos ni tratamiento a partir de los 14 años y sin consentimiento de los padres ni limitación alguna a partir de los 16. Además, los menores de 12 años podrán cambiar de sexo en el registro.

El Gobierno ha despreciado las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. El máximo órgano de los jueces avisó de que sus disposiciones van en contra del derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales».

El Consejo de Estado, por su parte, se declaró contrario a que los menores de edad puedan cambiar de sexo en el registro sin contar con un informe judicial y destacó que el cambio de sexo no se puede sostener «sobre la base de una decisión libérrima de la persona».

Enmiendas

El Congreso de los Diputados votará este jueves las enmiendas registradas por PP y Vox. Los partidos critican la falta de criterio científico al permitir que el cambio registral del género de una persona con el único requisito del deseo expreso de la misma. «El cambio de sexo registral que plantea el proyecto de ley no se basa en criterios certificables profesionalmente, sino que lo asienta en concepciones sesgadas y acientíficas que no deben ser asumidas, ni mucho menos blindadas legalmente», recoge el principal partido de la oposición.

El partido de Santiago Abascal, por su parte, asegura que la norma «tiene como punto de partida una imagen distorsionada de la sociedad española actual, a la que presenta como hostil a las personas designadas por el acrónimo LGTBI» y cree que «plantea como solución para dicho problema inexistente toda una batería de medidas de adoctrinamiento e ingeniería social que resultan incompatibles con la libertad de pensamiento y de educación, además de peligrosas para la infancia y la juventud». El Gobierno, mientras, defiende que la norma tendrá un «impacto económico positivo», ya que «la inclusión, tolerancia y diversidad de las sociedades contribuye positivamente en el crecimiento económico».

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