La juez que ha absuelto a los ediles de Carmena y condenado al PP fue alto cargo de Zapatero

La juez de la Audiencia Provincial que ha absuelto a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ex concejales de Manuela Carmena y hoy asesores del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, fue alto cargo de José Luis Rodríguez Zapatero. Caridad Hernández García es la ponente de la sentencia de un centenar de páginas en la que también exonera a la tercera procesada, la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, y que ha condenado en costas procesales al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid.

Esta magistrada fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia durante la segunda legislatura de Zapatero. Ocupó dicho cargo en el año 2009, uno de los de mayor rango dentro del Ministerio de Justicia. Tres años después, en enero de 2012, tras la derrota en las urnas del PSOE, la juez fue cesada de su cargo por el Gobierno del entonces recién investido Mariano Rajoy. «Desde entonces parece que libra una batalla personal contra los partidos de centroderecha», explican a OKDIARIO fuentes judiciales

Salva a los consejeros de Montero

Este miércoles se ha conocido la sentencia, redactada por esta juez, en la que asegura que no se ha probado que los acusados podemitas,»en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales». Los ex ediles de Ahora Madrid estaban acusados de los delitos de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos para poder querellarse contra el Partido Popular a cuenta del convenio para la celebración del Open de Tenis en Madrid que se firmó durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón. Según Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, habían detectado «irregularidades» en los contratos.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que la propia Fiscalía Anticorrupción desechó esta teoría. Pese a ello, y tal y como denunció el PP, los ahora consejeros de Irene Montero adjudicaron, en contra del criterio de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, «contratos a dedo» y «sin publicidad» a una empresa afín para la puesta en marcha de una auditoría que examinara las supuestas anomalías del acuerdo del Open de Tenis.

Para los populares, Sánchez Mato y Mayer buscaron un asesoramiento jurídico «no necesario» con «intereses particulares» y de «espaldas a la normativa» y, en lugar de consultar las dudas suscitadas por el convenio con el personal del propio Consistorio, los ex concejales fueron «directos a contratar los informes y terminar en una denuncia sin recorrido» contra los anteriores equipos de gobierno del PP. En total, fueron 50.000 euros que en el año 2017 salieron de las arcas públicas en beneficio de un bufete de abogados próximo a la ideología de la formación que entonces encabezaba Manuela Carmena. Posteriormente, se pagaron otros 50.000 por «anexos». Es decir, 100.000 euros que esquivaron el límite legal para no tener la obligación de abrir un concurso público a los licitadores que quisieran presentarse.

Guiño al Gobierno

No es la primera vez que esta magistrada y ex alto cargo de Zapatero dicta una sentencia favorable al Gobierno o a los socios de Sánchez. En febrero de este año también fue la ponente de un auto que evitó al Ejecutivo socialista ir a juicio por los muebles del Pazo de Meirás.

La magistrada Caridad Hernández García dictó un auto para archivar la querella en la que los Franco acusaban a la jefa de conservación de Patrimonio Nacional de los delitos de prevaricación, falsedad, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa.

En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de la juez instructora de admitir a trámite la citada querella, en la que la familia del dictador afirmaba que la funcionaria hizo un informe sobre la propiedad de los muebles del Pazo de Meirás a sabiendas de que excedía las funciones que tenía encomendadas por resolución judicial. Los Franco también señalaban que la jefa de Patrimonio Nacional omitió intencionadamente datos para fundamentar la titularidad del Estado sobre determinados bienes que hay en el pazo, así como que filtró el mencionado informe a algunos medios de comunicación para perjudicar la imagen de los Franco.

Para los nietos del dictador, la jefa de conservación de Patrimonio Nacional no formaba parte del grupo de especialistas designados a instancias de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que en noviembre de 2020 acordó la realización de un inventario que abarcara la totalidad de los bienes existencias en el Pazo de Meirás. Su intervención, aseguran, «fue a instancias de la Abogacía del Estado» y su nombre fue propuesto «sorpresivamente» en el propio acto de inventariado.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, con la juez ex alto cargo de Rodríguez Zapatero como ponente, evitó de este modo que continuase una investigación que podría haber llevado a juicio al Estado en la pugna por los muebles del Pazo de Meirás.