Los asesores de Montero defendieron contratar abogados ‘a dedo’ para querellarse contra el PP

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ex concejales de Manuela Carmena y hoy asesores del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, defendieron ante la juez la legalidad de la contratación a dedo de dos bufetes de abogados para  poder querellarse contra el PP a cuenta del acuerdo para albergar el Open de Tenis en Madrid. Una querella que finalmente fue archivada aunque ellos estaban seguros de que había «irregularidades por pagar dos veces por unos mismos derechos para celebrar ese campeonato».

OKDIARIO desvela en exclusiva las declaraciones en vídeo en fase de instrucción de los dos imputados, procesados y pendientes de sentencia por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación. Sánchez Mato y Mayer, a lo largo de 46 y 17 minutos respectivamente, ofrecen en plaza de Castilla un recital de excusas según las cuales, en su opinión, no han cometido los delitos que ve el PP.

La controversia es el encargo a dedo, sin pedir más ofertas, a dos bufetes de abogados de informes para localizar en tiempo récord irregularidades en un convenio del PP. Era un contrato con valor estimado de 100.000 euros y, por tanto, según los populares, se tenía que haber convocado un concurso abierto a cualquier empresa de servicios jurídicos. Además, estos concejales ignoraron informes de otros departamentos municipales que no apreciaron ilegalidades. Los ediles  esgrimen que la Asesoría jurídica no respondió todas sus preguntas y, por eso, «era totalmente necesario pedir esos informes externos».

«Necesitábamos la seguridad jurídica para pagar unas determinadas facturas. Todo el procedimiento fue totalmente legal», asegura Celia Mayer. «Existían conflictos jurídicos o lagunas en los contratos. Nosotros, como cargos públicos, evidentemente necesitábamos tener la seguridad jurídica para hacer los pagos. Es un contrato con importe muy significativo para el Ayuntamiento», agrega.

A la postre presentaron la querella a través de un observatorio donde trabajaron Ada Colau y Gerardo Pisarello por prevaricación y malversación. Pero el juzgado de instrucción 41 de Madrid lo inadmitió a trámite de plano sin abrir diligencias en marzo de 2018. La nueva corporación ha renovado ese acuerdo hasta 2030 porque la repercusión económica es más de 107 millones y 3.400 empleos.

Carmena tachó de «error» la denuncia que se presentó a sus espaldas y finalmente cesó a ambos ediles. Les recolocó en puestos irrelevantes: creó una concejalía sin casi presupuesto de Igualdad para Mayer y dio la presidencia de dos distritos periféricos a Mato. También cesó a la tercera imputada, Ana Varela, que también fichó por Irene Montero y consiguió 35.000 euros indemnización para comprar su silencio, es decir, por «riesgos de carácter mediático» que pudiesen degradar la imagen de la Corporación.

La declaración tiene varios momentos de tensión. Mato le dice al abogado del PP: «Está deslizando algo incierto, que no había indicios de posibles irregularidades penales. Esa es su conclusión. A lo mejor no vería irregularidad penal aunque usted viera un atraco en directo». La juez reprocha: «Me veo obligada a intervenir. Los letrados están aquí desempeñando cada uno su función, su trabajo. Le ruego respeto.  Si no quiere responder, puede acogerse a su derecho constitucional». Del mismo modo, el abogado Gonzalo Boye, defensa de los ediles, se lanza contra el letrado del PP y la jueza también tiene sale al quite.

En sede judicial, el abogado del PP pregunta a Mato si «¿no fueron suficientes 55 días para recabar al menos tres ofertas sobre los servicios de abogado a contratar y garantizar así una mínima concurrencia?». A esto el edil dice: «La Ley de Contratos Públicos designa a Madrid Destino como poder adjudicador. Hasta los importes de los que estamos hablando es perfectamente legal pedir tres ofertas, 12 o ninguna. Hay antecedentes. Está fuera completamente del ámbito de actuación de los concejales. No quiero que parezca que eludo la responsabilidad, lo hemos analizado con todo detalle, y fue absolutamente escrupuloso, tanto como se contrató la defensa jurídica del caso Madrid Arena».

Mayer

En la sesión judicial, el abogado de la acusación pregunta por «la justificación para acudir a adjudicación directa y no seguir las instrucciones de contratación de la empresa municipal Madrid Destino». A esto, Mayer esgrime que «no es así». «Una nota interna de la jefa del Departamento Jurídico de Madrid Destino de 2014, con el PP, especifica que la forma de contratación de servicios jurídicos en la empresa es de esta manera. Incluso previamente ustedes elaboraron contratos de esta misma manera en decenas de ocasiones», relata la edil.

Preguntado sobre «¿por qué no se recabó el informe de ningún órgano económico del Ayuntamiento?», Mayer contesta que «el propio expediente contiene los informes preceptivos de muchos de esos órganos del Ayuntamiento. Se trataba de analizar si ese equilibrio de prestación de prestaciones era adecuado, teniendo en cuenta el importe que el máster de tenis supone en el presupuesto de la Dirección General de Deportes, el 60%».

«¿Por qué se adjudica el contrato a despachos integrados en exclusiva por abogados sin un área específica en valorar esa supuesta falta de equilibrio, sin Derecho Penal?», le preguntan. A lo que se replica: «Mire, yo no conozco los despachos de abogados, pero me consta que son especialistas en su ámbito del derecho».