Caso Open de Tenis

Absueltos los concejales de Carmena que investigaron al PP por el Open de Tenis con dinero público

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Absueltos Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ex concejales de Manuela Carmena y hoy asesores del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Así lo ha fallado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia de más de un centenar de páginas en la que también exonera a la tercera procesada, la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, al no considerar probado «que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales».

Además, la Sala Séptima impone las costas del juicio ocasionadas a las defensas de las tres personas procesadas a la acusación ejercitada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid.

Los ex ediles de Ahora Madrid estaban acusados de los delitos de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos para poder querellarse contra el Partido Popular a cuenta del convenio para la celebración del Open de Tenis en Madrid que se firmó durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón. Según Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, habían detectado «irregularidades»en los contratos. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la propia Fiscalía Anticorrupción desechó esta teoría.

Pese a ello, y tal y como denunció el PP, los ahora consejeros de Irene Montero adjudicaron, en contra del criterio de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, contratos «a dedo» y «sin publicidad» a una empresa afín para la puesta en marcha de una auditoría que examinara las supuestas anomalías del acuerdo del Open de Tenis.

Para los populares, Sánchez Mato y Mayer buscaron un asesoramiento jurídico «no necesario» con «intereses particulares» y de «espaldas a la normativa» y, en lugar de consultar las dudas suscitadas por el convenio con el personal del propio Consistorio, los ex concejales fueron ·directos a contratar los informes y terminar en una denuncia sin recorrido» contra los anteriores equipos de gobierno del PP.

En total, fueron 50.000 euros que en el año 2017 salieron de las arcas públicas en beneficio de un bufete de abogados próximo a la ideología de la formación que entonces encabezaba Manuela Carmena.  Posteriormente, se pagaron otros 50.000 por «anexos». Es decir, 100.000 euros que esquivaron el límite legal para no tener la obligación de abrir un concurso público a los licitadores que quisieran presentarse.

«Ajuste de cuentas»

Sin embargo, para Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer el caso por el que se les juzgó el pasado 25 de abril en la Audiencia Provincial ha tenido su base en «un ajuste de cuentas político» y una estrategia para «dañar personal y políticamente» a los «contrincantes políticos» del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía de Madrid, por su parte, no vio delito en su actuación y solicitó durante el juicio, que se prolongó durante más de ocho horas, la absolución de los hoy asesores de Irene Montero.

Una petición que ahora recoge la Audiencia Provincial, que exonera a los ex ediles de Manuela Carmena.

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