El Gobierno ‘resuelve’ la emergencia migratoria con billetes de avión por 240 € y alojamientos a 72 € por inmigrante

La crisis migratoria que vive Ceuta tras la mayor avalancha desde 2021 agrava la emergencia en la que, desde hace años, se ha convertido la gestión de la inmigración en España. El Gobierno, incapaz de contener unos flujos cada vez más intensos, se parapeta en la acogida de los inmigrantes, destinando una ingente cantidad de recursos en desplazamientos, alojamiento y otros servicios. Este sistema de acción concertada, del que se benefician un sinfín de ONGs, sirve al Ejecutivo para tratar de aliviar el colapso en los centros de inmigrantes de las comunidades autónomas. Pero no para detener las constantes llegadas.

En junio, la Dirección General de Atención Humanitaria aprobó una resolución por la que se establece la planificación de las prestaciones, actuaciones y servicios de este programa. El importe -para el periodo entre julio de este año y el que viene- asciende a 353.621.878 euros. Esa cantidad comprende, entre otros, el coste de las plazas de «acogida integral», el transporte a centros de otras comunidades o la atención sociosanitaria.

Para cada uno de estos recursos y servicios se fija un importe, como se recoge en la tabla anterior. Así, la acogida integral para un inmigrante «vulnerable» llega a los 49 euros diarios. En el caso de víctimas de trata, puede ascender a los 72 euros. La atención en costa, por persona, cuesta 208 euros, y la atención sociosanitaria en el CETI, hasta 350 euros.

El departamento, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, justifica que «las necesidades que se van a cubrir guardan una relación directa, específica y proporcional con el objeto de la acción concertada». Y admite que es necesario «prestar servicios de acogida a un número de personas muy superior respecto a las capacidades reales de gestión directa de dichos servicios».

El Gobierno presupuesta, entre otros, el traslado de 62.737 inmigrantes, lo que supone un coste de 15.056.880 euros. La atención sanitaria para 4.867 personas asciende a 1.703.450 euros.

La gestión de la inmigración por el sistema de acción concertada se estableció en 2022, mediante orden del Ministerio de Inclusión.

Según explica el ministerio, el sistema «se desarrolla mediante itinerarios de acogida, cuya finalidad es facilitar la progresiva autonomía de las personas destinatarias y su inclusión social y laboral en la sociedad de acogida».

El sistema facilita alojamiento y manutención, entrega de kits básicos de higiene personal y vestuario, asistencia sanitaria y cobertura de gastos de medicamentos, atención social y psicológica, asistencia jurídica y servicios de traducción e interpretación, suministro de vestuario o apoyo cultural y de ocio.

«Colapso total»

La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto, una vez más, las deficiencias para afrontar los crecientes flujos migratorios.

A la falta de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se suma la pasividad de Marruecos para contener las salidas de inmigrantes de su territorio. Los sindicatos policiales denuncian que las autoridades marroquíes «no están haciendo absolutamente nada» para impedir la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, tanto por el mar como por el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Para los agentes, advierten, es «imposible» hacer frente a la situación actual, que califican de «colapso total».

Por parte del sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, atribuyen la crisis a un «chantaje» en el marco de una «estrategia de presión propia de una guerra híbrida». Los sindicatos urgen a un plan de choque inmediato y al envío de refuerzos de Policía Nacional a Ceuta, además de establecer acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos y otros países de origen para agilizar devoluciones en caliente, para lo que exigen también una reforma de la Ley de Extranjería.