El Gobierno de Sánchez lleva más de 4 años sin aprobar el plan de seguridad para Ceuta y Melilla que prometió

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de 4 años sin aprobar el Plan de Seguridad Integral para Ceuta y Melilla comprendido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de 2021. En concreto, el Partido Popular se interesó por esta tardanza el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, donde presentó una iniciativa parlamentaria para emplazar al Ejecutivo a responder sobre esta cuestión. «Actualmente, no hay definida una fecha para la finalización del Plan», ha admitido sobre este tema el Ejecutivo.

Los diputados del PP Javier Celaya, Sofía Acedo, Edurne Uriarte y Carlos Rojas preguntaron al Gobierno si se había producido «algún avance en la elaboración del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, contemplado en el Real Decreto 11501/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021».

«¿Tiene el Gobierno alguna previsión respecto a la conclusión de la elaboración de dicho Plan?», plantearon también los populares al Gobierno mediante este mecanismo de control parlamentario. El escrito está fechado el 27 de marzo de 2026.

Junto a ello, recordaron que ya el 29 de abril de 2025 el Gobierno informó en respuesta a otra pregunta escrita formulada por el Grupo Parlamentario Popular que el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla continuaba todavía «en proceso de elaboración».

Asimismo, los populares apuntaron que el 17 de junio de 2025, en sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes Generales, se aprobó -19 votos a favor frente a 14 en contra- una proposición no de ley (moción) por la que se instó al Gobierno a elaborar el Plan Integral de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla. Fue una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La contestación del Gobierno, que llegó el 9 de mayo de 2026, tampoco trajo novedades. «Desde la fecha referida, en el marco del grupo de trabajo interministerial sobre Ceuta y Melilla, se han producido avances en la elaboración de un documento que servirá de base para desarrollos posteriores dentro de los ministerios. Actualmente, no hay definida una fecha para la finalización del Plan», admitió el Ejecutivo.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 -que sigue siendo la vigente-recoge que «las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos».

En este contexto, el documento refleja que, para «hacer frente a situaciones de crisis», el Gobierno debe «elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla». Sin embargo, después de más de cuatro años transcurridos desde la aprobación de dicha estrategia, ese plan todavía no ha visto la luz.

Entretanto, este jueves el Ejecutivo de Sánchez se negó a declarar la emergencia nacional en Ceuta pese a que así lo reclamaron su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), y todos los portavoces de su Asamblea. El Gobierno esgrimió que esta crisis migratoria no entra en los supuestos contemplados por ley. No obstante, tras ello se vio obligado a movilizar al Ejército para «reforzar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta».

«Situación de interés»

Desde la Asamblea de Ceuta apelaron a la aplicación del artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece que «la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».

Rechazo en frontera

Asimismo, el PP tiene registrada en el Congreso una proposición de ley para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería con el objetivo de permitir la aplicación de los rechazos en frontera tanto en las entradas irregulares por vía terrestre como por vía marítima en Ceuta y Melilla.

Este texto fue presentado en rueda de prensa el pasado lunes por Sofía Acedo, diputada nacional del PP por Melilla, que explicó que esta iniciativa surge como respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que limita la aplicación de esta figura a los casos en los que la entrada irregular se produce superando elementos físicos de contención, como la valla fronteriza.

Acedo afirmó que esa interpretación «supone un problema evidente» porque la realidad migratoria ha cambiado desde que se aprobó la modificación legislativa en 2015. «Ahora las entradas irregulares a Ceuta y a Melilla no se producen únicamente saltando la valla», señaló, al tiempo que remarcó que una parte importante de los intentos de acceso se realiza actualmente por vía marítima, bordeando los espigones o alcanzando la costa a nado.

Por su parte, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, achacó precisamente a esta cuestión la entrada masiva de entre 20.000 y 30.000 inmigrantes irregulares -una avalancha histórica- en Ceuta en las últimas horas. Según fuentes de esta cartera, las redes de tráfico de personas están aprovechando esa reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera para incentivar nuevas llegadas desde Marruecos, informó Ep.