Europa saca los colores al Gobierno: pide por segunda vez la cifra de familias a quienes reclama el ingreso mínimo

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha solicitado por segunda vez al Gobierno que le facilite la cifra de familias a las que ha pedido que devuelva lo cobrado por el ingreso mínimo vital (IMV) desde 2021, según explican fuentes conocedoras de la situación. El Ejecutivo hizo caso omiso a una primera petición de esta información clave en la demanda que han interpuesto ante este Comité miles de afectados por estas reclamaciones, con el apoyo legal de ATD Cuarto Mundo.

Los hogares y familias afectadas sufren estas reclamaciones de devolución de la prestación por parte de la Seguridad Social en muchas ocasiones por errores de la propia administración, dejándoles con una deuda que no pueden pagar y sin ayudas. Es decir, en una situación más vulnerable que al principio.

Se trata de casos de madres solteras o divorciadas de menores a las que se les dio el ingreso mínimo sin pedirlo —porque recibían otra prestación— y por un error de la administración —contar la manutención del menor por el ex marido como ingreso— han recibido una carta de la Seguridad Social exigiéndoles la devolución de lo cobrado y amenazándoles con intereses de demora en caso de no pagar. Incluso han llegado a embargar la casa a algún afectado.

La denuncia fue aceptada por el Comité Europeo de Derechos Humanos, puesto que dejar a familias en la vulnerabilidad económica va contra la Carta Social Europea.

Mientras se analiza la denuncia, el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene que decidir si impone medidas inmediatas al Gobierno para que paralice los procedimientos abiertos de reclamación del ingreso mínimo contra miles de familias, como ha solicitado ATD Cuarto Mundo.

Sin embargo, el Gobierno no aportó el dato de cuántas familias tienen encima de la mesa esa carta de reclamación en la primera respuesta que dio a la demanda. Y, ahora, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha reiterado la petición al Gobierno para que aporte la cifra.

El Ejecutivo no facilita esa cifra, puesto que se trata del problema más grave que está generando el ingreso mínimo vital, del que presume el Gobierno mes tras mes.

Según un informe de la AIReF, el 46% de las familias que empezó a cobrar el ingreso mínimo en 2020 lo sigue cobrando todavía a cierre de 2025, lo que indica que la ayuda atrapa a las familias y no sirve como lanzadera para salir de la situación de pobreza, como pretende el Gobierno.

Pero, con todo, el mayor problema es el de los cobros indebidos. Muchas familias quedan en situación de vulnerabilidad y con una deuda que no pueden pagar. Incluso el Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que modifique la norma para que no se reclame el ingreso mínimo cuando ha sido por error de la administración o si el perceptor queda en situación de vulnerabilidad.

Nada ha servido para que el Gobierno corte de raíz un problema que tiene a miles de hogares en vilo. El Ejecutivo ha introducido algunas modificaciones en la norma para que la devolución de los cobros indebidos fuera menos gravosa —como hacer las comprobaciones de los ingresos de las familias dos veces al año en lugar de una—, pero el problema persiste.