La ausencia de un plan para prevenir los incendios le costará a España un 6,8% del PIB en las próximas décadas

Los incendios forestales ya no son sólo una emergencia medioambiental, sino también una amenaza directa para la economía. Así lo advierten diversos informes, que alertan de que el aumento de los fenómenos climáticos extremos está elevando las pérdidas económicas, encareciendo los seguros, lastrando la inversión y poniendo en riesgo el crecimiento en España. 

En el caso de España, Scope Ratings estima que el impacto económico del riesgo climático podría alcanzar hasta el 6,8% del PIB en las próximas décadas, mientras que desde Neuberger Berman subrayan que el riesgo climático físico ha dejado de ser un evento excepcional para convertirse en una perturbación macroeconómica recurrente con efectos sobre las finanzas públicas, las infraestructuras y el sistema financiero. 

Los expertos advierten de que el mayor coste no es el incendio en sí, sino la falta de una estrategia preventiva que reduzca su impacto sobre la actividad económica

Apagar el fuego no reduce el coste

Pablo Vega, experto financiero en Roams, señala que el impacto económico se infravalora porque normalmente se mide el coste de extinción y el valor inmediato de los bienes destruidos, pero no la pérdida posterior de actividad.

Un incendio puede dañar explotaciones agrícolas, alojamientos turísticos, carreteras, redes eléctricas o viviendas, pero también provocar cancelaciones, reducir la producción durante varios años, acelerar la despoblación y frenar nuevas inversiones. 

Pero el coste no termina cuando se apaga el fuego. El verdadero riesgo macroeconómico aparece cuando estos episodios se repiten y empiezan a modificar decisiones permanentes: dónde construir, dónde asegurar una vivienda, dónde conceder crédito o dónde instalar una empresa.

Manuel Pinto, analista de mercados de XTB, considera que los incendios se han convertido en un problema económico de primer orden para las regiones afectadas y empiezan a tener relevancia nacional por su escala. 

En 2026 ya se han quemado más de 170.000 hectáreas, seis veces más que en el mismo periodo del año anterior, y el incendio de Ávila habría alcanzado por sí solo unas 80.000 hectáreas, duplicando el anterior récord nacional.

Lo más preocupante para el experto es que el fuego ya no se limita a zonas forestales poco pobladas. Está afectando a áreas próximas a Madrid y Valencia, obligando a evacuar a decenas de miles de personas, cerrar carreteras, confinar municipios y paralizar negocios. 

El caso del Pantano de San Juan es muy ilustrativo: no se pierde únicamente bosque, sino restaurantes, campings, actividades náuticas, viviendas y toda la actividad económica generada alrededor.

Para el experto, el verdadero riesgo económico es la recurrencia: que cada verano haya que reconstruir parte de lo destruido el anterior. En este sentido, señala: «No deberíamos preguntarnos cuánto cuesta extinguir un incendio o la reconstrucción de las zonas afectadas, sino cuánto nos cuesta no haber invertido antes en evitar que alcanzara esa magnitud», añade.

Desde un punto de vista económico, la prevención genera una rentabilidad mucho mayor que la reconstrucción. Cada euro que destinamos después a ayudas, indemnizaciones o reparar infraestructuras es un euro que deja de invertirse en proyectos que aumenten la productividad del país. «Ese es probablemente el coste más invisible de todos», subraya Pinto.

Cambio de estrategia

Según los analistas, probablemente la factura que dejan los incendios crecerá cada año si la estrategia continúa siendo reactiva en lugar de preventiva. El coste de no prevenir será creciente porque estos incendios son cada vez mayores y afectan a activos de más valor. 

«No es lo mismo un incendio localizado en una zona despoblada que varios frentes aproximándose a grandes ciudades, áreas turísticas, polígonos industriales o infraestructuras críticas», añaden desde XTB. 

Francia ofrece una referencia: los incendios de Gironde afectaron a unas 13.000 empresas, provocaron cierres de plantas industriales y las primeras estimaciones apuntaban a pérdidas de cientos de millones de euros.

España parece seguir dedicando más atención y recursos a apagar los incendios que a evitar que alcancen dimensiones incontrolables. Las informaciones sobre aviones operativos por debajo de los anunciados, plantillas incompletas, falta de material y necesidad de solicitar medios europeos muestran que existe un problema de capacidad, pero también de planificación.

España afronta un contexto de elevada deuda pública y fuertes necesidades de gasto en pensiones, defensa o transición energética. En ese escenario existe el riesgo de que las partidas destinadas a mantenimiento y prevención sean las primeras en aplazarse porque no generan beneficios inmediatos. El problema es que ese ahorro suele ser ficticio: simplemente estamos trasladando un gasto relativamente pequeño al presente hacia una factura mucho mayor en el futuro.

Sectores más perjudicados

El impacto será transversal, aunque su intensidad y su velocidad variarán entre sectores. Según Pablo Vega, el sector primario afronta un golpe doble. Al daño inmediato sobre cosechas, ganado, maquinaria e infraestructuras se suma un deterioro de la capacidad productiva futura por la erosión, la pérdida de fertilidad del suelo y la destrucción de pastos y masas forestales. Son pérdidas que pueden prolongarse durante años y que, como las sufridas por el turismo y otros negocios locales, no aparecen en las cifras de coste de extinción.

El turismo rural es uno de los primeros en notar el golpe y también uno de los que más tarda en recuperarse. Un incendio no sólo destruye paisaje: también modifica la percepción del destino. Casas rurales, hoteles, restaurantes y empresas de turismo activo pueden sufrir cancelaciones aunque el fuego no haya alcanzado directamente sus instalaciones, y el deterioro de imagen puede tardar años en revertirse.

En el mercado inmobiliario y el sistema financiero, el ajuste es más lento y menos visible, pero puede ser más profundo. Aseguradoras, bancos y supervisores llevan tiempo advirtiendo de que los fenómenos extremos ya no pueden tratarse como episodios excepcionales, sino como un riesgo que debe incorporarse al precio de los seguros, al valor de las viviendas y a las decisiones de financiación.

Lastre económico si no se resuelve

Si no se adoptan las medidas adecuadas, el riesgo climático acabará reflejándose con mayor intensidad en las zonas más vulnerables: subirán las primas, las aseguradoras incorporarán más variables territoriales y climáticas a sus modelos y los bancos podrían endurecer las condiciones de financiación de determinados activos.

Con todo esto, tanto Manuel Pinto como Pablo Vega coinciden en que España sigue afrontando el riesgo de los incendios con un modelo más reactivo que preventivo.

Ambos consideran que, pese a los avances realizados, persiste un déficit de inversión, planificación y coordinación entre administraciones que obliga a destinar la mayor parte de los recursos a la extinción en lugar de evitar que los incendios alcancen dimensiones catastróficas.

A su juicio, la prevención debe convertirse en una prioridad permanente, con más inversión en gestión forestal, detección temprana y protección de infraestructuras críticas, ya que retrasar estas actuaciones solo incrementará la factura económica.

Además, advierten de que, si España no integra el riesgo climático en su planificación económica y mejora su capacidad de anticipación, no sólo aumentarán las pérdidas derivadas de los incendios, sino que también podría resentirse la confianza de los inversores, encarecerse la financiación e incluso verse afectada la calificación crediticia del país.