La mitad de las familias que empezó a recibir el ingreso mínimo en 2020 sigue cobrándolo 5 años después

La mitad de las familias que empezaron a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020, cuando el Gobierno puso en marcha esta prestación deprisa y corriendo por presiones del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, sigue cobrando esta ayuda cinco años después, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado esta semana.

La AIReF destaca que los resultados de su análisis de supervivencia, realizado sobre 600.000 perceptores entre 2020 y 2025, muestran una salida de la prestación del 1,4% mensual (porque cobra el paro o porque consigue un empleo estable).

De acuerdo a los datos del organismo, el 86% de los hogares continúa en la prestación a los 12 meses de entrar, el 69% a los 24 meses, el 57% a los 36 y el 46% a los 60 meses, es decir, cinco años después.

Además, la institución determina que los que siguen cobrando la prestación cinco años después son aquellos que más cobran, quienes reciben una cantidad del ingreso mínimo que más se acerca a su renta garantizada.

En concreto, el 57% de las familias que más cobran sigue en la prestación cinco años después, porcentaje que desciende al 34% para los hogares que menos cobran. También permanecen más tiempo cobrando el ingreso mínimo los hogares unipersonales.

¿Por qué es tan difícil salir de esta prestación y se mantiene un porcentaje tan alto cinco años después? Según la AIReF, los factores son varios: «El coste de oportunidad de abandonar la prestación es mayor, pero, al mismo tiempo, puede reflejar una mayor desconexión de partida con el mercado de trabajo», explica.

En definitiva, el organismo insiste en que cuanto mayor es la cuantía del ingreso mínimo, más difícil es que los perceptores salgan de la prestación y se incorporen al mercado de trabajo. Por eso, considera de nuevo que son necesarios «mecanismos eficaces de incentivos al empleo».

En cualquier caso, la AIReF refleja que las medidas implementadas por el Gobierno para facilitar el ingreso en el mercado de trabajo de los perceptores del ingreso mínimo han servido para reducir los llamados cobros indebidos, las reclamaciones que está haciendo la Seguridad Social a miles de perceptores para que devuelvan la ayuda al considerar que la ha estado cobrando de manera irregular.

Se trata de uno de los problemas más graves de esta prestación, ya que deja a muchas familias con una deuda que no pueden pagar y sin ninguna ayuda, agravando la situación de vulnerabilidad de los hogares. En muchos casos, los perceptores han trabajado de manera temporal y han sobrepasado los ingresos mínimos exigidos para cobrar la ayuda, y cuando reciben la reclamación, se quedan con la deuda y sin ingresos.

Este es uno de los motivos por los que la mitad de los hogares que tendrían derecho a recibir la prestación deciden ni siquiera solicitarla.

Los afectados son miles y se han agrupado para denunciar al Gobierno ante Europa por incumplir la Carta Social Europea. La denuncia ha sido admitida y se está investigando. La sentencia será de obligado cumplimiento para el departamento de Elma Saiz.