Interior ordenó el 16 de marzo a la Policía usar «los operativos necesarios» contra las fiestas ilegales

La ‘patada en la puerta’ de los policías nacionales en las fiestas ilegales fue provocada y ordenada por un oficio interno del Ministerio del Interior del pasado 16 de marzo. Los agentes no desobedecieron nada. Al contrario: cumplieron con las exigencias del departamento que comanda Fernando Grande-Marlaska que exigió usar «los operativos necesarios» para desmantelar las fiestas ilegales y evitar los focos de contagio en los domicilios particulares.

Los agentes de Policía que actuaron en una de las operaciones de entrada en pisos particulares en los que se desarrollaban fiestas ilegales han dejado constancia de este hecho en la declaración que hoy destaca OKDIARIO. Allí los agentes de la Policía Nacional describieron las órdenes recibidas, tanto por escrito y por medio del oficio, como en las explicaciones verbales que acompañaron a este escrito.

El documento de los agentes señala, de este modo, que «se desea hacer constar la recepción del oficio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, del que han tenido conocimiento los actuantes, emitido el 16 de marzo de 2021, y por el cual se impartían órdenes a los agentes de esta unidad, para contribuir al control del cumplimiento de las medidas obligatorias y recomendaciones acordadas por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el 17 y 21 de marzo». En esa reunión se exigió una actuación decidida contra las fiestas ilegales por el peligro que suponen a efectos de expansión de los focos de contagio del coronavirus.

«Dispositivos operativos necesarios»

Los agentes detallan exactamente igual este último punto. Porque entre las órdenes se encontraba la materialización de «la limitación de permanencia de grupos de personas y reuniones en domicilios y otros lugares cerrados, excepto convivientes». Para ello, se ordenó «concretamente establecer los dispositivos operativos necesarios, para asegurar, el cumplimiento de las medidas y recomendaciones referidas».

La orden fue ambigua, pero acompañada de una explicación teórica que se dio de forma verbal a los agentes: la de que la desobediencia a la petición de identificación de los ocupantes el inmueble podía considerarse un delito flagrante y, por lo tanto, habilitaba la entrada en el domicilio para proceder a la identificación de los supuestos delincuentes y poder proceder a la solicitud de sanción.

Con los dos paquetes de órdenes era fácil adivinar el resultado de las acciones de los agentes. Tan fácil, como lo era saber lo que haría el Ministerio del Interior en el momento en el que saltase el escándalo a los medios de comunicación: lavarse las manos amparado en la ambigüedad de las órdenes escritas.

Y es que, igual de rápido que llegó el oficio policial, llegó el arrepentimiento de Interior al ver el escándalo mediático generado por las entradas en los domicilios donde se celebraban fiestas ilegales y el vídeo divulgado en el que se puede apreciar a la Policía tumbando una puerta con un ariete para proceder al desalojo de la fiesta ilegal. Este mismo lunes por la tarde-noche llegaba la comunicación urgente a la Policía de que cesase en este tipo de entradas.

Los aeropuertos se han convertido durante mucho tiempo en España en coladeros del COVID. La presencia policial es más que insuficiente para lograr un control eficaz de las restricciones impuestas por el Gobierno contra el coronavirus. Y la presión de las autonomías, en especial de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar con este combinado explosivo.

El Gobierno ha dispuesto de un año largo para amoldar las leyes y calificar como delito medioambiental las fiestas ilegales en plena pandemia, lo que hubiese permitido a la Policía actuar con absoluto respaldo legal. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez tan sólo ha incremento el control en los aeropuertos de forma leve, no ha elevado de forma significativa el número de agentes y tampoco ha abordado una reforma de los tipos penales que permita a los agentes actuar contra las fiestas ilegales de forma que estén cubiertos por la ley.

Sin respaldo legal

El resultado es el que se ha podido apreciar en los últimos días: ante la presión por la falta de control de estas fiestas convertidas en potenciales focos de contagio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha optado por lanzar a los agentes -sin un pleno respaldo legal- a entrar en las fiestas ilegales en viviendas y acceder a ellas con tal de proceder al desalojo e identificación de los protagonistas.

Ahora, la última instrucción indica a los agentes que la Policía Nacional no intervendrá por el momento en el control de más fiestas ilegales en pisos. Tan sólo lo hará en la vía pública. Es decir, que Grande-Marlaska se lava las manos del control incluso en los locales. Toda esa labor queda, por lo tanto, en manos de la Policía Municipal, cuerpo que no cuenta con los efectivos necesarios para desarrollar esta labor.