Interior exige a las víctimas de ETA demostrar la «necesidad social» de sus proyectos para recibir ayudas

El Ministerio del Interior exige a las asociaciones de víctimas de ETA que demuestren la «necesidad social» de sus actividades para recibir las subvenciones del Estado. Entre la amplia documentación que deben remitir las entidades, Interior valora, por ejemplo, si se aporta un «estudio de la necesidad social que justifica el programa» que se pretende financiar con las ayudas. Igualmente, se favorece a aquellas asociaciones que, con sus actividades, «complementen los proyectos» del Gobierno o que presenten una «propuesta innovadora».

En el listado de exigencias se valora también el número de trabajadores de la asociación que tienen un contrato fijo o eventual, o la «coherencia» entre los «objetivos y las actividades a realizar», que deberán presentarse «de forma ordenada y detallada y con un cronograma preciso». Las asociaciones también harán constar los «indicadores de evaluación» de sus proyectos, que deben ser «adecuados y medibles», sus ingresos y los potenciales beneficiarios, además de su representatividad, medida en «heridos físicos y psíquicos», «secuestrados», «amenazados», «ilesos» o el «número de familiares de fallecidos o heridos, hasta el segundo grado de consanguinidad».

El Ministerio del Interior reparte anualmente un millón de euros entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. Una cuantía de la que Marlaska suele presumir para defenderse de las críticas por el traslado de presos etarras, pero que apenas se ha incrementado en un 7,5% desde que Sánchez llegó a La Moncloa. En contraste, las ayudas a los sindicatos se han duplicado, llegando a 17 millones.

La última convocatoria de estas subvenciones se resolverá en las próximas semanas. Las ayudas van destinadas a financiar los gastos de funcionamiento y gestión de estas entidades, así como sus proyectos de «información y sensibilización social, sobre los efectos de la violencia terrorista, prevención de la radicalización y el extremismo violento, así como programas de naturaleza educativa, promoción de valores democráticos y defensa de los derechos humanos, y acciones de memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo». También se financian las actividades de asistencia directa a las víctimas y sus familiares, en el ámbito sanitario, laboral o psicológico, entre otros.

Mientras, Interior publicó recientemente la concesión de las ayudas que otorga la Fundación de Víctimas del Terrorismo -en cuyo patronato figuran varios cargos del Gobierno-, cuyo importe máximo es de 290.000 euros. Estas ayudas exigen la autorización de Grande-Marlaska.

Polémica

El reparto se produjo en plena polémica por la inclusión de 44 etarras -siete de ellos con delitos de sangre- en las listas de Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez, y en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.

El Gobierno intentó dar por zanjada esta polémica, ante la que Pedro Sánchez optó por mantenerse de perfil. El presidente socialista apenas dirigió un tibio reproche a sus aliados, emplazándoles incluso a apoyar sus próximos decretos en el Congreso.