Interior dice que hay nuevas agresiones de violadores excarcelados que «pueden permanecer desconocidas»

Un informe del Ministerio del Interior sobre presos condenados por delitos sexuales -violadores o abusadores sexuales- reconoce que la reincidencia -que según sus cálculos oscila entre el 11 y el 17%- puede ser superior porque «algunas de las nuevas agresiones podrían permanecer desconocidas».

La conclusión se recoge en un estudio de adaptación a España del proyecto Círculos, por el cual ciudadanos anónimos voluntarios acompañan a los delincuentes excarcelados en su vuelta a la sociedad, como informó este periódico.

El documento no se hace aún eco de la polémica ley del sólo sí es sí, que hasta el momento ha beneficiado a 1.205 agresores sexuales con una rebaja de la pena, de los cuales, 121 han sido excarcelados. No obstante, sí critica otras reformas operadas en el Código Penal para incrementar las penas por estos delitos, como la del 2015 -bajo el Gobierno del PP-, que introdujo la prisión permanente revisable.

«Alternativas a la cárcel»

El informe critica que «del examen de estas grandes reformas del Código Penal se deduce claramente que los delitos sexuales generan intranquilidad en la sociedad, que la ciudadanía reclama al Gobierno medidas para aliviar su temor y para reforzar su seguridad y que, finalmente, el Gobierno responde modificando la norma penal de varias maneras», como «incrementando las penas» o «implementando» otras nuevas condenas.

«Estas reformas parecen considerar más la reivindicación de la opinión pública o publicada que el posicionamiento de los expertos sobre el fenómeno delictivo, sus causas y su tratamiento», se cuestiona en el texto, agregando que «estos cambios legales no se sustentan sobre estudios científicos o estadísticos de evolución de la criminalidad, o de medidas de reincidencia, que permitan hacer comparaciones pre-post para calibrar los efectos de la modificación normativa y valorar su eficacia».

«Junto a este clima social de alarma, circula una corriente que, sin disminuir su sensibilidad hacia el fenómeno de la violencia de naturaleza sexual, apuesta por otras soluciones que considera racionalmente más eficaces», concluye, citando entre ellas «el diseño y aplicación de programas educativos destinados a modificar actitudes y comportamiento de los agresores, la voluntad de incrementar el número de penados que salden su condena mediante fórmulas alternativas al puro encarcelamiento, la creación de una red de profesionales en tareas de verificación de los cumplimientos alternativos o la Justicia Restaurativa». 

Ese argumento de las menores penas para los agresores sexuales ha sido la tesis recurrente por parte del Ejecutivo para justificar su cuestionada ley del sólo sí es sí. Por ejemplo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a decir que las penas más altas para los violadores, el «punitivismo, quita seguridad a las mujeres».

Voluntarios

Como reveló este periódico, Interior prueba un proyecto para la reinserción de violadores o abusadores sexuales con alto riesgo de reincidencia, en el cual se recurre a personas anónimas para acompañar a presos excarcelados en sus actividades cotidianas. Interior dispone de las primeras conclusiones del proyecto piloto, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en la que se detectan problemas de implementación.

Este informe admite que «la delincuencia sexual provoca gran preocupación y alarma social debido al enorme impacto que tienen estos delitos tanto en las víctimas que los sufren, como en el conjunto de la sociedad» y que «constituye un problema social y comunitario».

El programa se articula en torno a los llamados círculos, compuestos por «una persona que ha sido condenada por una agresión sexual, que ha concluido gran parte de su condena y se encuentra en la fase previa al regreso a la comunidad, pero que aún cuenta con un riesgo moderado o alto». Al violador le acompaña «un grupo de entre tres y seis personas voluntarias que pertenecen a la misma comunidad».

Esos voluntarios, según Interior, reciben «formación específica» -un cursillo online de apenas cuatro días de duración- para acompañar al delincuente en sus actividades más cotidianas, «favoreciendo conductas prosociales, ofreciendo apoyo emocional y ayudándolo ante sus necesidades prácticas». Los voluntarios cuentan con la ayuda de «profesionales» a los que pueden trasladar sus inquietudes sobre el riesgo para «tomar las medidas necesarias». El círculo suele tener una duración de año y medio.

El objetivo, según el ministerio de Grande-Marlaska, es acompañar a los violadores «en su proceso de reinserción social» evitando la reincidencia y  «permitiendo que recuperen o construyan de nuevo una vida socialmente productiva». Se busca, dice Instituciones Penitenciarias, la «creación de oportunidades de desarrollo para la persona agresora».