Iñigo Urkullu reparte 150 millones en subvenciones para regar el voto en plena campaña electoral

El lehendakari y candidato del PNV a las elecciones del próximo 12 de julio, Iñigo Urkullu, ha tirado de subvenciones como reclamo en plena campaña electoral. En las últimas semanas, el Gobierno vasco ha aprobado distintos programas y ayudas cuyo importe supera los 150 millones de euros. Van enfocadas a distintos sectores y suponen, sin duda, un elemento de propaganda añadido de inestimable valor. A ello se añaden otros 140 millones de euros comprometidos recientemente por Urkullu para activar la creación de empleo tras la crisis del coronavirus.

Esta semana, el Consejo de Gobierno aprobó ayudas valoradas en 58,5 millones de euros para impulsar la industria, el empleo y vivienda de alquiler asequible.

La partida más importante, 28 millones, va dirigida al desarrollo de pymes de base tecnológica e innovadora, se anunció desde el Gobierno vasco. Además, se han convocado ayudas a la investigación e innovación en los sectores agrícola, forestal, pesca y acuicultura, por 2,4 millones; ayudas a asociaciones y federaciones profesionales y empresariales del sector agrario, pesquero y alimentario y ayudas extraordinarias para empresas de inserción, por 6 millones. También, otras destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos, por 350.000 euros; a la modernización de comercios, por 1,2 millones y al aprendizaje del euskera, por 3,15 millones. Otra partida, de medio millón, va destinada a proyectos «de mediación e innovación cultural y social», y otra más, de 460.000 euros, para el «impulso de las industrias culturales y creativas».

Asimismo, se autorizó la inversión de más de 22 millones de euros para la construcción de tres promociones de viviendas sociales y alojamientos dotacionales para jóvenes.

El pasado 23 de junio, el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu ya anunció que destinaría un total de 66,1 millones de euros para financiar programas de ayudas al alquiler social y la rehabilitación de viviendas. Entre ellas se incluye un programa especial para jóvenes, por 19,3 millones y 12 millones para arrendamiento protegido.

No fueron las únicas ayudas convocadas. Entre otras, también se anunció una partida de 560.000 para las «fábricas de creación», es decir, el apoyo a los programas de «espacios culturales independientes»; otra de 930.000 para «actividades de aprendizaje a lo largo de la vida» o formación de adultos y otros 440.000 euros para clubes deportivos y agrupaciones deportivas dirigidos a apoyar la participación en ligas estatales de mujeres. También se destinaron 2,26 millones a impulsar la producción audiovisual mediante subvenciones directas a 24 proyectos audiovisuales.

Estas ayudas se unen a otros 140 millones de euros anunciados recientemente por Iñigo Urkullu para programas de empleo cuyo objetivo, dijo el lehendakari, es «recuperar el empleo destruido como consecuencia de la crisis del Covid-19». Esa cuantía se divide entre planes locales de promoción de empleo; formación y asesoramiento de desempleados; programas para jóvenes o formación de personas que están trabajando para mejorar su posición laboral.

Pacto con el PSE

La ‘lluvia’ de subvenciones y ayudas se produce en la recta final para las elecciones del próximo 12 de julio. Según las encuestas, Iñigo Urkullu ganaría los comicios, aunque necesitaría de un pacto para gobernar. Previsiblemente, con sus actuales socios, el PSE.

Los socialistas vascos asumen en su programa algunas de las reivindicaciones básicas del nacionalismo, como el propio concepto de ‘nación’ o el apoyo a la promoción del euskera.

La propuesta electoral de la candidata socialista Idoia Mendia se refiere incluso al Estatuto de Guernica, cuya actualización está pendiente, como una «Constitución interna» y persevera en la definición del especial estatus del País Vasco.

Los socialistas quieren que la reforma estatutaria blinde el reconocimiento de «la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca» y «su identificación como nacionalidad/nación»  e inciden en las «señalamiento de las singularidades admitidas y desarrolladas legalmente», como los «derechos históricos, el Concierto Económico, el euskera y el derecho civil», además del «estatus del euskera».

Aunque no mencionan en ningún caso el controvertido ‘derecho a decidir’, sí aseguran, en un punto ambiguo, que la reforma estatutaria deberá «garantizar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas vascas a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses». También se pide asegurar «el derecho al autogobierno mediante un acto de convivencia cívico y de ciudadanía plena».

En otro punto, insisten en la «violencia de motivación política», con el que se criminaliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que tiene su máxima expresión en la Ley de reparación de víctimas de abusos policiales aprobada el pasado año por los socialistas y el PNV para «reparar» a los damnificados por acciones cometidas por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999.

Los socialistas equiparan a esas presuntas víctimas y las de ETA y defienden la «reinserción de los presos» o los «encuentros restaurativos» entre etarras y víctimas para «difundir los valores básicos de convivencia en toda sociedad democrática».