Un imputado del ‘caso fuel’ exonera a Aldama y señala que Pano le convirtió en testaferro

Carlos Castillo, investigado como presunto testaferro en el caso hidrocarburos, ha declarado este martes ante el juez Santiago Pedraz que recibió entre 400 y 700 euros mensuales por figurar como administrador de la sociedad Combustibles Lucinala SL, una de las empresas pantalla implicadas en el presunto fraude masivo de IVA que investiga la Audiencia Nacional. Ha salvado a Víctor de Aldama, que también había sido implicado en el caso, y ha señalado la empresaria Carmen Pano.

Durante su comparecencia, Castillo ha reconocido que mientras se encontraba en situación de desempleo aceptó aparecer como administrador de la citada sociedad, aunque según ha matizado, solo cobró estas cantidades durante dos meses.

El investigado ha asegurado ante el citado magistrado que siempre creyó que esta práctica era legal y ha mencionado directamente a Carmen Pano, apoderada de Combustibles Lucinala SL, como la persona que realmente controlaba la empresa y daba las órdenes.

Carmen Pano se ha convertido en una figura central en esta investigación judicial. Afirmó haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz cantidades en efectivo por valor de 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama.

Según fuentes jurídicas consultadas, Castillo ha reconocido haberse reunido con Aldama en al menos tres ocasiones. En uno de estos encuentros, Castillo habría firmado un poder para que Aldama pudiera operar con otra de las sociedades investigadas, Metaway Combustibles SL, empresa dedicada a la venta de automóviles y al comercio mayorista de combustibles.

Durante el interrogatorio, al ser cuestionado sobre un vehículo titularidad de Combustibles Lucinala SL que habría sido utilizado por Claudio Rivas —considerado junto a Aldama como uno de los presuntos cabecillas de la trama—, Castillo ha admitido conocer la existencia del coche pero ha negado saber que Rivas lo utilizara.

El testaferro también ha reconocido haber participado en una única transferencia internacional de 8.000 euros con destino a República Dominicana, supuestamente para cubrir gastos relacionados con abogados.

El juez Pedraz, que investiga un fraude cuantificado por la Fiscalía en 231,7 millones de euros, tiene previsto tomar declaración mañana a Francisca de Santos y Francisco Javier Rodríguez, otros dos presuntos testaferros de la organización criminal.

De Santos aparece en los informes de la UCO como responsable nominal de Casmar Hidrocarburos SL, una sociedad interpuesta que la trama utilizaba para simular transmisiones de productos petrolíferos, asumiendo esta empresa la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente.

Según los investigadores, esta sociedad también habría sido utilizada para «canalizar fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad».

Por su parte, Rodríguez figura como el sucesor de De Santos al frente de Casmar Hidrocarburos SL y, según los atestados, «desarrollaba funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal».

Para el jueves 3 de abril están programadas las comparecencias de Jaime Salmerón, Iván Castañer y representantes de la operadora Villafuel. Salmerón, otro presunto testaferro según la UCO, consta como administrador y socio único de la suministradora Carburantes Jalón Plaza SL, mientras que Castañer figura como administrador único de Skyward Tech SL, otra de las suministradoras interpuestas que presuntamente se utilizaba para «canalizar fondos de procedencia delictiva a China».

La operativa del fraude

La Audiencia Nacional investiga en esta causa una sofisticada operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Este tipo de delito cuenta con diversas causas abiertas en varios juzgados centrales.

Según explican los investigadores, el esquema básico de este fraude comienza cuando la organización criminal adquiere controla o consigue licencia de una operadora mayorista de productos petrolíferos. Esta operadora acude a los depósitos fiscales para comprar combustible, abonando únicamente los impuestos especiales pero no el IVA, ya que por ley este impuesto solo debe ingresarse en Hacienda una vez repercutido a las gasolineras minoristas.

El fraude consiste en dejar de ingresar en las arcas públicas el IVA que la operadora ha cobrado previamente a las gasolineras. Al no soportar prácticamente ningún IVA en sus compras, las cantidades que estas empresas deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido.

Con el tiempo, y debido a la presión judicial y policial, estas organizaciones han ido perfeccionando sus métodos mediante la interposición de nuevas empresas en el esquema, con el objetivo de «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones» y dificultar la identificación de los verdaderos responsables.