La trama del fuel inscribió sus empresas pantalla en sedes fantasma del barrio de Salamanca

La trama del fuel inscribió sus empresas pantalla en sedes fantasmas del barrio de Salamanca controladas por venezolanos, cuyas compañías están vinculadas al chavismo. Se tratan de Nextomega Trade, la cual tiene sede social inscrita en la calle Juan Bravo número 3A, y Suelopetrol, que dice operar desde la calle Lagasca número 125.

Ambos domicilios se ubican en palacetes históricos del barrio más lujoso de la ciudad de Madrid, donde también residen en pisos millonarios los dueños de estas empresas que movieron dinero relacionado con la trama. El tribunal cifra la cantidad defraudada en 182 millones de euros, de los cuales gran parte de estos fondos han acabado en el extranjero.

El fraude en el sector de los hidrocarburos llega a la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación señalan que, desde hace años, empresarios españoles han estado haciéndose con licencias de operadoras en el sector otorgadas por el Gobierno que les han permitido comprar sin IVA. Tras ello, estos actores vendían a través de empresas comercializadoras con IVA y no lo declaraban.

De este modo, acababan rompiendo el mercado y ganando cantidades millonarias gracias a la evasión de impuestos. Uno de estos empresarios que quiso hacerse operador fue Claudio Rivas. Para ello, contacto con Víctor de Aldama que, gracias a sus contactos con responsables políticos del PSOE, le prometió la licencia.

Según el propio Claudio, conseguir esta licencia no le salió gratis. Víctor de Aldama tanteó al entonces ministro José Luis Ábalos, cuyo hermano Rubén ejercía como escolta del mismo. Fue entonces cuando Aldama quiso que el ministro disfrutara de un chalet en Andalucía que pagarían, en un primer momento, empresarios venezolanos radicados en Madrid.

El primer contrato de arras lo pagó el petrolero Henrique José Rodríguez Guillén en marzo de 2021. Este empresario venezolano desembolsó 6.000 euros a través de su empresa Suelopetrol, vinculada a la petrolera de Maduro PDVSA. El regsitro mercantil indica que la sede de Suelopetrol se ubica en la calle Lagasca, en un edificio residencial donde la comunidad de propietarios no permite tener empresas. Pese a que está inscrita en este edificio, ningún trabajador acude a trabajar a diario a esta empresa que pagó uno de los regalos de la trama Koldo.

Suelopetrol se salió de la compraventa de esta vivienda pese a haber firmado el contrato de arras por motivos que aún se desconocen en la investigación. Fue entonces cuando Claudio Rivas se puso al mando de la operación con su empresa Nextomega Trade.

Esta compañía tenía su sede en la vía dos Castillas de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, pero ni rastro de la misma. Fuentes consultadas señalan que se inscribió en una nueva dirección: el centro de negocios de la calle Juan Bravo. Allí, tampoco hay rastro de esta empresa fantasma que pagó 52.500 euros por el inmueble gaditano que disfrutaron miembros de la trama Koldo.

Operación policial

La trama del fuel permanece bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que dirige Santiago Pedraz. El pasado 7 de octubre de 2024, la Guardia Civil llevó a cabo una operación policial contra la organización criminal.

Se practicaron 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. Los detenidos permanecen investigados en la causa y dos de ellos, Víctor de Aldama y Claudio Rivas han ingresado en prisión. Ambos están compartiendo celda en la cárcel de Soto del Real (Madrid). 

«La organización sobre la que se está actuando es la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública que, en tan solo dos años, se eleva a más de 182 millones de euros. Son investigados una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos.

A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración», informan fuentes de la Fiscalía Anticorrupción cuya investigación dio lugar al origen del procedimiento judicial sobre la trama del fuel.