Éste es el documento firmado por un alto cargo de Ribera que facilitó defraudar 182 millones con el fuel

El PSOE permitió que la trama de hidrocarburos defraudara 182 millones de euros en concepto de IVA gracias a una licencia que fue otorgada en sólo 3 días por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que entonces presidía Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea. Así consta en un documento oficial que desvela OKDIARIO en exclusiva, en el que se aprueba la actividad como operador al por mayor de carburantes y combustibles a Villafuel, la empresa vinculada a Claudio Rivas. El empresario permanece en prisión provisional por estos hechos ya que más de 70 millones de los defraudados han acabado en el extranjero, tal y como han podido comprobar los investigadores de la trama.

El Gobierno del PSOE facilitó con ese documento el fraude del IVA en la trama del fuel. La operativa era la siguiente. La resolución gubernamental les permitía retrasar los pagos impositivos que, a la postre, eran esquivados a través de sociedades en el extranjero. Las empresas se constituían para recibir los beneficios y en tres meses se disolvían, facilitando la evasión de impuestos. Sólo las operadoras como Villafuel podían hacer esto gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Claudio Rivas se reunió con altos cargos del Ministerio de Industria para favorecer esta licencia. Tras esa reunión que se consiguió gracias a las gestiones de la trama Ábalos que refleja el sumario, fue el ministerio de Ribera el que dio el visto bueno final con un documento oficial en posesión de este periódico firmado el 12 de septiembre de 2022

«La empresa Villafuel ha presentado ante la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 6 de septiembre de 2022, la previsión de ventas de productos petrolíferos para el primer año de actividad, junto con la documentación para su inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos. [..] En el caso en que en el periodo considerado la empresa prevea una nueva estimación de ventas, esta deberá ser presentada previamente para su aprobación por esta Dirección General», señala el documento en el que se otorga la licencia de operadores.

Y prosigue: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, se comunica Resolución de aprobación del plan de ventas previa al inicio de la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel».

Altos cargos de Ribera

La licencia fue firmada por altos cargos del ministerio de Ribera. El primero de ellos es Manuel García Hernández, que entonces era director general de política energética y minas. La concesión también aparece con el visto bueno de José Luis Pérez Cabo, que era el subdirector general de hidrocarburos y nuevos combustibles. Ambos son altos cargos de Transición Ecológica con elevados sueldos. Sólo el primero cobra 103.321 euros públicos al año.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también facilitó esta licencia de operadora. Entonces, estaba liderado por la socialista Reyes Maroto, hoy líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La trama llegó a reunirse con su jefe de gabinete, Juan José Bidart, para gestar este permiso. Lo hicieron gracias a Koldo García, que consiguió esta reunión, como tantas otras para ayudar a empresas españolas que hoy están bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Tras conseguir la licencia de forma inmediata, como desveló OKDIARIO, empezó el presunto fraude. Durante casi un año y medio el Ejecutivo no hizo nada. No fue hasta bien entrado el año 2024 cuando se dio la voz de alarma y la Agencia Tributaria les empezó a hacer requerimientos.

La concesión exprés de esta licencia por parte del ministerio dirigido  actualmente por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha destapado graves deficiencias en el sistema de control de operadores mayoristas de hidrocarburos. Se está estudiando si se obviaron trámites necesarios para lograr la licencia ya que la tramitación se completó en apenas tres días, un tiempo récord que contrasta con los habituales procesos administrativos que pueden demorarse meses.

El resultado ha sido un fraude millonario de 182 millones a las arcas públicas a través de operaciones con combustibles, de los cuales más de 70 millones han sido desviados al extranjero, evidenciando las graves consecuencias de la relajación en los controles administrativos en el Gobierno de coalición PSOE-Podemos.