Aldama estuvo un año y medio defraudando IVA con los hidrocarburos sin que Hacienda hiciera nada

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Tributaria, detectó que el fraude en el pago del IVA de la empresa Villafuel SL –la principal del caso que implica a Víctor de Aldama y Claudio Rivas– empezó en noviembre de 2022, sólo mes y medio después de recibir la licencia de operadora gracias a los contactos que tenía la trama de Koldo García.

Por tanto, los cabecillas de la trama, que tenían a testaferros colocados al frente de Villafuel SL, estuvieron más de un año defraudando IVA con los hidrocarburos sin que el Ministerio de Hacienda lo frenara. No fue hasta enero de 2024 cuando se les notificó el «procedimiento de comprobación» referente al presunto fraude que arrancó en noviembre de 2022. La empresa dejó de trabajar al ser dados de baja cautelarmente en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) a partir de marzo de 2024.

La licencia se consiguió tras un supuesto soborno a la trama Koldo el 15 de septiembre de 2022, como recuerda el auto de prisión provisional del juez Santiago Pedraz. Por su parte, las cuentas anuales de Villafuel, consultadas por OKDIARIO, reconocen una inspección fiscal por su tributación por IVA entre «noviembre de 2022 y febrero de 2023». Lejos de disimular y tributar correctamente unos meses, Villafuel SL empezó su modus operandi prácticamente al obtener la licencia y durante 16 meses pudo estar defraudando hasta 182.513.923 euros en IVA junto a otras empresas.

En las cuentas de la empresa de fuel a 31 de diciembre de 2023 se plasma expresamente: «Durante el ejercicio 2023, la sociedad ha procedido al registro de una provisión por importe de 1.671.678 euros. Dicha provisión, viene precedida por un procedimiento de comprobación iniciado por los órganos de inspección [la Agencia Tributaria] en relación con el IVA asimilado a la importación, periodos noviembre y diciembre de 2022, enero y febrero de 2023».

Las cuentas anuales presentadas por CE Consulting y auditadas por A Worldwide España, explican que ese procedimiento de inspección «se notificó el 31 de enero de 2024, por lo que la empresa ha provisionado el importe anteriormente citado por una posible sanción por no haber presentado los modelos 380 de los periodos inspeccionados». Días después de ese 31 de enero arranca la operación por la que se detiene a la trama Koldo. En febrero arranca la macro operación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por la que se arresta al asesor ministerial Koldo García y, entre otros, a Víctor de Aldama, socio de Claudio Rivas, el fundador de Villafuel. Posteriormente, en septiembre, surge otra operación, en otro juzgado de la Audiencia Nacional, por la que se detiene y se envía a prisión provisional a Aldama y Rivas.

Por tanto, Villafuel tuvo tiempo para borrar pruebas del fraude, ya que, como reflejan sus cuentas, «el 7 de febrero de 2024, el delegado de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, acordó su baja cautelar en el Registro de extractores de Depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre Hidrocarburos». El alto cargo del Ministerio de Hacienda consideró acreditadas las circunstancias en el reglamento que marca cómo proceder en estos casos.

«En este sentido, la inspección tributaria constató, por un lado, que la empresa incumplió su obligación de presentar el modelo de declaración tributario 380, y que de sus relaciones comerciales con el cliente Obaoil 3.000, S.L. podría deducirse que pudo haber participado en operaciones que den lugar a incumplimientos tributarios relacionados con el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)», ahondan las cuentas.

«En consecuencia a lo anterior, se propuso la baja cautelar en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales de Hidrocarburos de la Sociedad. Esta situación, a partir del mes de febrero de 2024, ha provocado para la empresa un descenso muy significativo de su cifra de negocio y por ello de sus resultados», reconoce Pedro Antonio Marín, administrador único sobre el papel, ya que Claudio Rivas es considerado por los trabajadores interrogados por la UCO como el jefe de la compañía.

Bajada del 93% del negocio

Por otra parte, las cuentas avanzan el futuro negro de la compañía. «Estas disminuciones [de negocio], en opinión del administrador, se prevén que serán aproximadamente del 93% de la cifra de negocio, estimándose una cifra de negocio para el ejercicio 2024 de aproximadamente 57 millones de euros, frente a los 857 millones de euros de ventas pronosticadas inicialmente para 2024 en una situación normal», cuantifican.

Con esta reducción de la cifra de ventas se estima «un descenso de 20 millones de euros en el resultado después de impuestos». No obstante, en opinión del administrador único, «no se prevé que esta circunstancia afecte a la continuidad de la sociedad en el ejercicio 2024, pero sí que desciendan de manera muy significativa los niveles de cifra de negocio y resultados en 2024 respecto al ejercicio anterior y que estos sean similares a los previos a la obtención de la habilitación de operador de hidrocarburos».

No obstante, la investigación liderada por el juez Santiago Pedraz podría tener otras consecuencias que sí acerquen el cierre de la compañía presuntamente defraudadora de varios millones de euros. OKDIARIO se ha acercado a las dos sedes de la compañía y en una de ellas sí ha visto trabajadores en su interior.