Igualdad reconoce que 80 millones para luchar contra la violencia de género no están supervisados

La supervisión del destino de los fondos dedicados a la lucha contra la violencia de género es una tarea pendiente de la Administración General del Estado. Así lo ha confesado la propia secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. «Hay que hacer autocrítica, uno de los aspectos que nosotras mismas hemos seguido de cerca y lamentado es la capacidad que teníamos de seguimiento del cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado y la financiación que tenían asociada», admitió en la reciente presentación de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.

La dirigente de Igualdad reconoció que «aún es muy complejo» para la Administración rastrear el destino de esos fondos.»Es un error que tenemos que reconocer, que a día de hoy no tenemos claro qué ha pasado o dónde están exactamente dedicados los 80 millones de euros que comprometía el Pacto de Estado [contra la Violencia de Género] en la Administración General del Estado», añadió. El destino de esos fondos no se conoce «de forma detallada».

Esa afirmación ha provocado sorpresa en el Partido Popular, que requiere explicaciones sobre el destino de los fondos. El principal partido de la oposición prepara acciones en el Congreso para que el Gobierno aclare esta cuestión. La diputada del PP Marta González llamó precisamente la atención sobre este asunto, este lunes, durante la reunión de la Diputación Permanente. González incidió en la «ligereza y desfachatez» con que la número dos del Ministerio de Igualdad había confesado «que hay 80 millones de euros anuales del Pacto de Estado, es decir, 320 en total, que se les han escapado, esto es, que no saben dónde están, porque, según sus propias palabras —y cito literalmente—, es muy complejo para la Administración rastrear su pista».

La también portavoz de Igualdad del PP añadió que, mientras desde Igualdad se asegura desconocer el destino de los fondos, los expertos que han comparecido en la subcomisión creada en el Congreso para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «lamentan que las unidades de valoración forense integral estén infradotadas o, simplemente, no existan y que sus informes no lleguen a tiempo para aquilatar la evaluación de riesgo de los maltratadores». El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado, sin éxito, la comparecencia de Irene Montero para rendir cuentas sobre el fracaso de la ley del sólo sí es sí, pero la solicitud ha sido vetada por PSOE y Podemos.

«Transparencia»

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se suscribió en 2017, con una vigencia de cinco años y una dotación de 1.000 millones de euros. El Congreso estudia ahora su renovación a través de una subcomisión integrada por 15 miembros, que serán los responsables de redactar el informe pertinente. Los trabajos deberán completarse en el periodo de sesiones que comprende de febrero a junio de 2023.

Desde el Partido Popular han llamado la atención sobre la «falta de transparencia absoluta» en la ejecución de este pacto. Denuncian, incluso, que el dinero se ha llegado a gastar «en objetos y material superfluo, efímero, inservible para el objetivo previsto, como servilletas, bolsas, mascarillas, etiquetas de vino, gorras, botellas o frascos de hidrogel».

Las últimas cifras de asesinatos por violencia de género han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de evaluar este plan. En lo que va de año, seis mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas. Diciembre ya fue un mes especialmente trágico, con 11 asesinatos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, -cuyo departamento tendrá este año un presupuesto histórico de 573 millones- afirmó recientemente que «no hay una varita mágica» para acabar con la violencia machista.

Los datos de violencia de género, además de la cascada de revisiones de condenas y excarcelaciones por la ley del sólo sí es sí, demuestran la incapacidad del departamento para hacer frente a la violencia contra la mujer.

La reciente Estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 movilizará un presupuesto de 2.308 millones repartidos en 267 medidas que implicarán a distintos ministerios. Este plan equipara el maltrato con otras «violencias», como la «violencia política» con la que Igualdad identifica a los «discursos antifeministas y sexistas» contra dirigentes políticas como Irene Montero o Pam Rodríguez. Un concepto en el que enmarcan también las críticas de la oposición a sus actuaciones.