González Laya declarará como investigada en el ‘caso Ghali’ el próximo 4 de octubre

Arancha González Laya Danone
La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya. (Foto: EFE)

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a declarar el próximo 4 de octubre a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya como investigada en el ‘caso Ghali’. La declaración de la anterior titular de la cartera de Exteriores será a las 13:00 horas y tendrá que explicar su participación en la acogida del líder polisario Brahim Ghali en España.

El magistrado investiga si la llegada del líder polisario Brahim Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril de este año fue conforme a la legalidad. El líder polisario llegó a España en un avión medicalizado, acompañado por al menos otra persona, para que le trataran de la Covid severa que padecía. Ghali fue tratado en el hospital San Pedro de Logroño.

La declaración de la ex ministra Laya coincidirá en día con la de José María Muriel Palomino, en calidad de testigo, que en el momento del aterrizaje de Ghali en España era el secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, el próximo día 18 de octubre, el juez tiene previsto tomar declaración, en calidad de testigos, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

A pesar de que el abogado que representa a la acusación popular en este caso, Antonio Urdiales, solicitara que Carmen Calvo también prestase declaración como testigo, el juez prefiere esperar a las declaraciones de Valldecabres y Crisóstomo antes de decidir sobre la declaración de Calvo. El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, investigado también en esta causa, admitió ante el juez en Zaragoza el pasado 13 de septiembre que recibió instrucciones de la ex ministra para facilitar la entrada en el país de Gali con la «máxima discreción», ya que la divulgación pública del viaje podría causar un «perjuicio» a las relaciones internacionales del país.

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