El Gobierno ya baraja indultar a García Ortiz, pero esperará a leer la sentencia

El Gobierno esperará a ver la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, para tomar una decisión sobre las actuaciones a realizar en apoyo del todavía fiscal general, más allá del nombramiento inminente de un relevo para el cargo. Pero el indulto al fiscal es una de las opciones que baraja, aunque los juristas del entorno de Pedro Sánchez aconsejan esperar a ver una sentencia que todavía no se ha escrito, así como los dos votos particulares y discrepantes con esa sentencia condenatoria, que serán, sin duda, fuente de inspiración para el Ejecutivo.

Más allá de las manifestaciones de apoyo expresadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al fiscal condenado, el Gobierno se plantea posibles acciones, entre las que sopesa concederle el indulto, siempre que sea la opción más rápida para «resarcir» a García Ortiz de lo que entienden ha sido «una condena sin pruebas fehacientes».

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que, siendo un acto doloso y una inhabilitación de dos años la pena impuesta, las consecuencias de la misma podrían suponer la pérdida de la condición de fiscal, en aplicación del Reglamento del Estatuto del Ministerio Fiscal y no solamente su inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, que es lo que ha avanzado la providencia hecha pública por el Tribunal.

Sobre la mesa se barajan varias opciones, pero si la condena implica su pérdida de la condición de fiscal, ya no podrá ser destinado a una fiscalía de enlace, a una embajada o a algún otro puesto internacional, bien remunerado. En este caso, que parece el más probable, el Gobierno tiene previstas dos posibles acciones, perfectamente compatibles entre sí: el indulto y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que ejercer , en su caso, el propio condenado.

Ambas opciones requieren bastante tiempo antes de llegar a buen puerto, pero la más rápida, a juicio de los juristas consultados, sería el indulto, aunque requeriría no menos de 4 ó 5 meses antes de llegar a la concesión, puesto que hay que cumplir con varios requisitos, como el informe del Tribunal sentenciador,  o el paso por el Consejo de Estado y otros trámites que ralentizan la concesión del indulto.

Indulto y Amparo del Constitucional

En el Ejecutivo de Sánchez no hay dudas sobre la posibilidad de conceder el indulto al fiscal, porque la Ley que lo regula da el margen suficiente al Gobierno para amoldarlo a sus intereses. En cuanto al tiempo empleado, creen que sería, en todo caso, una vía más rápida que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el caso del Constitucional, el alto tribunal de garantías apenas tiene un Pleno pendiente de celebrar en este año 2025 y , muy probablemente, la mera admisión o no a trámite del hipotético recurso de amparo no se vería hasta el año 2026. A partir de ahí, su presidente, Cándido Conde Pumpido, podría tratarlo con más o menos celeridad, pero no podría adelantar a muchos otros temas que están pendientes de resolución.

Por otra parte, las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas indican que «el presidente no se siente cómodo con este asunto» y no va a tener mucho interés en acelerar de forma artificial un proceso que podría tardar incluso un año.