Contrato formalizado

El Gobierno socialcomunista gastará más de medio millón al mes en lo que ellos criticaban: la expulsión de ilegales

El Ministerio del Interior formaliza el contrato para el transporte de inmigrantes a sus países de origen, por 10,89 millones de euros

El Gobierno socialcomunista gastará más de medio millón al mes en lo que ellos criticaban: la expulsión de ilegales
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Ministerio del Interior en funciones acaba de formalizar el contrato para el servicio de aviones para expulsar a los inmigrantes a sus países de origen y trasladarlos entre distintos centros de internamiento. Gastará 10,89 millones, una cifra idéntica a la presupuestada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a que desde el PSOE se criticó abiertamente la política de inmigración del Gobierno ‘popular’.

El contrato de ‘Transporte aéreo de pasajeros para traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia’, licitado en julio, ha sido definitivamente formalizado, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes. El presupuesto base del contrato es de 9,9 millones, aunque el valor estimado final asciende a 10,89. Para el cómputo, según se recoge en la memoria justificativa, se ha considerado un gasto mensual de 550.000 euros.

El contrato contempla dos servicios: por un lado, la expulsión de irregulares a sus distintos países. Y por otro, el traslado de extranjeros entre CIE’s e instituciones a cargo de organismos públicos y ONG’s, encargados de su tutela.

En la memoria se destaca que «la expulsión del territorio nacional» de los inmigrantes «podrá decretarse respecto de los extranjeros que cometan infracciones muy graves o determinadas infracciones graves». Además, se recuerda que la ley «contempla la posibilidad de ejecución forzosa de extranjeros del territorio nacional» que «deberá realizarse con las máximas garantías posibles para la seguridad de los propios expulsados y de los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo las expulsiones».

Asimismo, añade que «la gestión de los procedimientos de expulsión o repatriación debe armonizarse con las limitaciones impuestas por la capacidad máxima de alojamiento en los Centros de Internamiento» lo que provoca traslados de internos entre los distintos centros, según las plazas.

El Ejecutivo señala que «el propio objeto del contrato, que no es otro que los servicios de transporte aéreo a sus países de origen de aquellas personas que se encuentran en los supuestos de expulsión o de repatriación previstos en la legislación de extranjería, trae causa del fenómeno de la inmigración y en concreto de la inmigración ilegal en nuestro país». 

Y admite que el número de vuelos es difícil de predecir, ya que depende de «factores económicos coyunturales» en España, Europa y países de origen, «factores políticos y sociales en los países de origen e, incluso, factores climatológicos» que «van a determinar la afluencia de la inmigración ilegal a nuestro país y, consecuentemente, el número de personas en dicha situación».

En este contexto, cabe señalar que Podemos, futuro socio en el Gobierno socialcomunista, defiende la figura del ‘refugiado climático’, como recogían en su Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, registrada el pasado año en el Congreso.

Pese a su discurso favorable a la inmigración, el Ejecutivo en funciones ha seguido aplicando algunas de las medidas que criticó como oposición, como las llamadas ‘devoluciones en caliente’.

A principios de este mes, el departamento de Grande-Marlaska inició la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Una medida a la que se comprometió poco después de llegar al poder, pero que ha tardado casi año y medio en aplicar. Las cuchillas fueron instaladas en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

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