El Gobierno reconoce que prevé regularizar un millón de inmigrantes antes de las elecciones generales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que tiene prevista la regularización de casi un millón de inmigrantes antes de las elecciones generales, es decir, antes de 2027. El Ejecutivo, concretamente, ha asegurado que con el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo, pretende dar solución a la situación en la que se encuentran 300.000 extranjeros al año desde 2025 y hasta 2027. Esto les permitiría acceder a la nacionalidad en unos años, lo que les otorgaría derecho al voto.

El Ejecutivo socialista ha admitido a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP sobre los datos del «número de inmigrantes que prevé el Gobierno que se regularicen anualmente mediante la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, así como número estimado de personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España y su evolución durante los próximos dos años».

Un grupo de 15 diputados de la formación de Alberto Núñez Feijóo criticaba en su pregunta parlamentaria «la falta de consenso y la opacidad con la que se ha tramitado esta reforma». «Ha suscitado críticas desde organizaciones sociales y ONG que alertan sobre su impacto negativo en personas solicitantes de protección internacional», subrayaban los políticos del PP.

En primer lugar, los diputados populares interrogaron acerca de «cuántos inmigrantes prevé el Gobierno que se regularicen anualmente mediante la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo de 2025». Por otro lado, se interesaba por saber «cómo se distribuyen estas previsiones por modalidad de arraigo».

En ese mismo sentido, los populares han interrogado sobre el «número total estimado de personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular en España». Además, pretenden conocer «qué evolución prevé el Gobierno para esta cifra durante los próximos dos años».

«¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que el tiempo efectivamente residido en España por solicitantes de protección internacional que no hayan desistido de su procedimiento sea computado a efectos de acceso a las figuras de arraigo reguladas por el nuevo Reglamento de Extranjería?», termina interrogando el Gobierno.

«Favorecer la integración de inmigrantes»

El Gobierno ha respondido a las preguntas del PP asegurando que «una de las principales herramientas para favorecer la integración de los inmigrantes que viven en nuestro país, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es el nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo».

A ojos del Ejecutivo, este Reglamento aprobado por la cartera de la socialista Elma Saiz «da respuesta a la realidad migratoria actual». «Supone la oportunidad de dotar de derechos e integrar a los inmigrantes que viven entre nosotros», subraya.

Sobre los datos concretos por los que pregunta el PP, el Ejecutivo estima que «alrededor de 900.000 personas podrían regularizar su situación en los próximos tres años, lo que equivale a unas 300.000 personas por año». De ese modo, antes de las elecciones de 2027, fecha prevista para los próximos comicios generales, está previsto casi un millón de regularizaciones.

El Ejecutivo, sin embargo, no da más detalles sobre estos procesos. En todo caso, la norma establece que «se concederá una autorización de residencia temporal por razones de arraigo a las personas extranjeras que se encuentren en España, cuando existan vínculos con el lugar en el que residen, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral o formativo». En una nota de prensa se señala que se acortarán los plazos de tres años a solamente dos años.

Paso previo para la nacionalización

Estos procesos son claves para la posterior nacionalización de los extranjeros, ya que, una vez regularizada su situación y transcurridos unos años, se podría acceder a la nacionalidad.

Y es que hay que acreditar una residencia de 10 años para poder nacionalizarse, pero en caso de refugiados se podría reducir a 5 años y, si son personas procedentes de Iberoamérica, Portugal, Filipinas o Andorra, se podría rebajar a dos años.

Por último, hay un plazo abreviado para los que tengan familiares españoles o estén casados con un ciudadano español o también para las personas nacidas en territorio español, ya que éstas últimas no adquieren la nacionalidad sólo por nacimiento.

Nacionalizados por carta de naturaleza

Todo ello se junta con la explosión que se ha producido desde 2020 de nacionalizaciones por carta de naturaleza, es decir, las que se otorgan a través de reales decretos.

El Ejecutivo de Sánchez ha disparado un 336% este tipo de nacionalizaciones en los últimos cinco años. Un incremento que tiene un efecto directo en el panorama electoral: el PSOE busca capitalizar el voto inmigrante de cara a unos futuros comicios, para que, sumado al voto joven que se llevó en las generales de 2023, pueda diferenciarse de manera holgada del resto de partidos de izquierdas.

La nacionalidad española por carta de naturaleza es una forma excepcional de adquirir la ciudadanía española, concedida discrecionalmente por el Gobierno, mediante Real Decreto, cuando concurren circunstancias excepcionales. A diferencia de otros procedimientos, no se exige una residencia mínima o requisitos específicos, lo que la convierte en una vía rápida.