El Gobierno minimiza ahora el hallazgo de cadáveres en residencias tras montar una campaña contra Ayuso

En plena crisis pandémica, el Gobierno de PSOE y Podemos desató toda una campaña contra el PP tras el presunto hallazgo de cadáveres en residencias de ancianos por parte del Ejército. Las críticas se enfocaron especialmente en el Ejecutivo madrileño, llegando a culpar directamente de los hechos a Isabel Díaz Ayuso. Entre los círculos de Podemos, como publicó OKDIARIO, se instó a bautizar a las residencias de mayores de Madrid como «mataderos del PP». Sin embargo, meses después, el Gobierno quita relevancia a los hechos, que limita a casos «puntuales» y rechaza situaciones «caóticas». Este periódico ya informó que el Ejército no localizó ningún anciano muerto por coronavirus y abandonado en residencias de Madrid, sino que los hechos tuvieron lugar en centros de Manresa (Barcelona) y Valladolid.

El 24 de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que «el Ejército, en algunas visitas (a residencias)» había «podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas». La revelación de Robles incendió a los partidos del Ejecutivo socialcomunista, los mismos que, semanas después, se desatendieron de la gestión de la crisis en las residencias de mayores. Unos días antes, Pablo Iglesias se había puesto al frente de los servicios sociales en todo el país.

La Fiscalía General del Estado anunció una investigación de oficio sobre la supuesta presencia de «personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos» en centros de la tercera edad. Sin embargo, sin datos confirmados, PSOE y Podemos arremetieron contra el PP.

Ahora, en una respuesta por escrito en el Congreso al diputado de Bildu, Jon Iñárritu, el Gobierno admite que «los incidentes referentes a personal fallecido en los centros de mayores son de carácter puntual y fueron comunicados por el personal del centro al hacer alguna desinfección».

El parlamentario, en concreto, había dirigido la siguiente pregunta al Gobierno: «En diferentes medios se publicó que las Fuerzas Armadas habían localizado personas fallecidas en varias residencias. ¿Es cierto? ¿Cuántas, en qué residencias y en qué fechas? ¿Cuál fue el cronograma de cada caso?».

En su respuesta, el Ejecutivo destaca además que «las Fuerzas Armadas Españolas constituyen uno de los instrumentos al servicio del Estado para ser utilizados en esta situación de alarma y tienen como principal objetivo el apoyo a la población en la lucha contra la pandemia».

«Las Fuerzas Armadas, como elemento de contribución a la acción del Estado, realizarán los apoyos en aquellos lugares donde sea determinado por las autoridades competentes para garantizar el derecho a la salud pública», añade.

A continuación, se refiere específicamente al hallazgo de «personas fallecidas en residencias», reseñando además que «en ningún caso se ha informado de situaciones alarmantes o caóticas». 

Campaña contra el PP

Pese a las acusaciones no confirmadas, PSOE y Podemos se lanzaron contra los ‘populares’ de Madrid. Los socialistas iniciaron una campaña con el lema ‘#AyusoPPCulpables’, e incluso el PSOE madrileño dedicó un vídeo a la presidenta regional en el que acusaba abiertamente a Ayuso de ser responsable de los abandonos en las residencias que había denunciado el Ministerio de Defensa ante la Fiscalía General del Estado.

En el vídeo, el PSOE se preguntaba «¿Cómo hemos podido llegar a esto?», acompañando la pregunta con la imagen de un coche fúnebre cargando un ataúd. «El Ejército ha entrado en estas residencias y ha encontrado a ancianos muertos en sus camas», insistía la campaña socialista.

«Las residencias de ancianos dependen de las comunidades autónomas», recalcaba el PSOE. Más adelante denunciaban que el «hacinamiento» en estas residencias es «preocupante». «Éste es el resultado de 25 años de Gobierno del PP en Madrid», concluían los socialistas en el vídeo.

Semanas después, el Gobierno se desatendió también de la elevada cifra de fallecidos en residencias de ancianos, justificando de nuevo que las competencias corresponden a las comunidades autónomas, pese a que Iglesias había asumido el mando único de la coordinación de los servicios sociales.