El Gobierno informó antes a Cruz Roja que a la Junta extremeña de la llegada de 200 inmigrantes ilegales

El Gobierno de Pedro Sánchez informó antes a Cruz Roja que a la propia Junta de Extremadura del dispositivo de llegada de 200 inmigrantes ilegales procedentes de Canarias que han sido acogidos en un albergue municipal de Mérida, según fuentes del Ejecutivo regional.

Tales fuentes señalan a OKDIARIO que la Junta de Extremadura que preside María Guardiola (PP) fue la «última institución» con la que se puso en contacto el Gobierno central para la planificación del dispositivo de llegada. De hecho, las mismas fuentes aseguran que la comunicación al respecto con la Junta desde el Ejecutivo central se realizó «cuando Cruz Roja ya estaba operando sobre el terreno». Y es que la organización humanitaria no podía realizar su trabajo sin la asistencia sanitaria, que es competencia de la Junta de Extremadura.

Fue el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, quien en un mitin el pasado sábado en Mérida, aprovechando la visita del líder del PSOE y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijo que ofrecía su ciudad para acoger a «esos inmigrantes que están llegando en avalancha a Canarias». No obstante, el propio Rodríguez Osuna reveló que el día anterior esto es, el 13 de octubre, ya se puso en contacto con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro Fernández, para comunicarle su «compromiso».

El pasado martes, la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, informó en rueda de prensa de que era 200 los inmigrantes ilegales que estaba siendo atendidos en el albergue municipal de Mérida tras llegar a la noche anterior al aeropuerto de Madrid, desde donde fueron trasladados a la capital extremeña en autobús.

Bazaga afirmó que la acogida se basaba en un «acuerdo social» porque la Junta de Extremadura también se ofreció a «ayudar». «Un gobierno regional forma parte de un Gobierno nacional. Cuando un Gobierno nacional tiene que tomar decisiones tira de sus gobiernos para ver qué podemos hacer cada uno, y en este caso este gobierno (regional) pone a disposición el ayudar a traerlos aquí», recalcó.

Si bien el Ejecutivo de Sánchez avisó al de María Guardiola de la llegada de los 200 inmigrantes, lo significativo, subrayan las fuentes de la Junta, es que lo hizo «en último lugar», teniendo además el Gobierno regional las competencias de asistencia sanitaria, junto a recursos de servicios sociales. Con todo, el PP regional, a través de su portavoz en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, incidió en que «Extremadura es una región solidaria, siempre lo ha sido y ahora no va a dejar de serlo». Además, agradeció a Cruz Roja el «incesante» e «ingente» trabajo que realiza en materia de ayuda humanitaria.

Aragón ve «deslealtad» del Gobierno

En este contexto, donde no ha habido ni siquiera aviso de la llegada de inmigrantes ilegales desplazados por el Gobierno a la Península, ha sido en Aragón, según la denuncia realizada este jueves por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Marín Susín.

El Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) criticó la «deslealtad institucional» e «irresponsabilidad» de Moncloa por enviar a Huesca otros 200 inmigrantes procedentes de Canarias sin aviso previo y sin ningún tipo de coordinación para su asistencia. Estos episodios en dos comunidades del PP ponen de manifiesto el uso partidista que está realizando el Gobierno de PSOE-Sumar del proceso de acogida ante la crisis migratoria existente.

Así las cosas, medio centenar de estos inmigrantes han sido alojados de urgencia en el Hotel Montearagón del municipio de Quicena, mientras que otros 145 han sido acogidos en en el albergue de Pirenarium en Sabiñánigo por medio de la Fundación Apip Acam.

«No sabemos ni cuánto tiempo van a permanecer, ni su recorrido posterior y tampoco qué debe hacer el Gobierno de Aragón para atenderlos convenientemente», manifestó la consejera Marín.