El Gobierno dio a Garamendi la Orden al Mérito Militar para que no compartiera distinción con los sindicatos

El Gobierno concedió el pasado 15 de junio a Antonio Garamendi la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, máxima condecoración castrense. Lo hizo porque pretendía destacar el papel específico del presidente de la CEOE y de haber optado por la Gran Cruz al Mérito Civil tendría que haberla compartido con los sindicatos.

La distinción a Garamendi se produjo justo antes de la polémica desatada por el presidente del patronal al defender la validez de los indultos al afirmar que «si las cosas se normalizan, bienvenidos sean”. Garamendi explicó, además, que “hay opiniones diversas, pero los indultos están dentro del Estado de Derecho”.

Pero la intrahistoria de cómo y por qué se concedió esta distinción al líder de la patronal va más allá. El Ejecutivo pretendía en un principio conceder a Garamendi la Gran Cruz al Mérito Civil pero surgió un problema: si la cruz se concedía por la labor de negociación prestada al Estado en favor de la paz laboral y el progreso social, el reconocimiento se le debería haber dado igualmente a los sindicatos, y el objetivo era conceder una distinción que destacase el papel específico de Garemendi. Por eso se sustituyó este reconocimiento civil por el militar, porque el militar no es el preferido de los sindicatos, por decirlo de una manera diplomática.

La Gran Cruz del Mérito Militar fue concedida a Antonio Garamendi por medio del Real Decreto 436/2021 recogido por el Boletín Oficial del Estado (BOE) a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, previa deliberación del Consejo de Ministros.

A pesar de la decisión del Consejo del martes previo, el Gobierno no informó de esta distinción ni en la rueda de prensa posterior a ese Consejo, ni en la referencia que se publicó en la página web de La Moncloa.

CEOE y Fuerzas Armadas

Fuentes castrenses consultadas por OKDIARIO, señalaron que es habitual conceder esta condecoración a personal civil y explicaron que “últimamente se han intensificado las relaciones entre la patronal empresarial y representantes ministeriales y de las distintas fuerza armadas”.

Explicaron que los ejércitos buscan patrocinios empresariales para sus diferentes eventos, así como intentar articular un futuro laboral adecuado a mucho del personal, que tiene que desvincularse de las fuerzas armadas al cumplir 45 años.

Y hasta ahí se extendió la explicación sobre las razones para darle la medalla militar a Antonio Garamendi. Lo que no implica que el plan inicial no fuese otro: darle la medalla equivalente pero en el área civil.

Más dinero para la patronal

La Orden del Mérito Civil procede de la época del Rey Alfonso XIII. La condecoración fue propuesta por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera. El Gobierno de la II República suprimió esa Orden, que no fue restituida hasta el Decreto de 7 de noviembre de 1942.
La regulación de la medalla fue actualizada ya en 1998. Y con esa forma se concede ahora a ciudadanos españoles o extranjeros que hayan realizado méritos de carácter civil o servicios de especial relevancia para el Estado.
Y esa medalla sí la aceptan con agrado los sindicatos. La militar es menos querida en su estructura.

Hay que recordar, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez multiplicó por más de seis veces la subvención del Estado a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) en diciembre de 2020, al pasar de 2,5 millones de euros en 2019 a más de 15,3 con la excusa de la digitalización de las empresas.

El Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo dispone que «la subvención a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ascenderá a la cuantía de quince millones trescientos doce mil quinientos euros, con cero céntimos (15.312.500,00 euros)».

El año anterior se había aprobado una ayuda pública mucho más pequeña para la patronal, de sólo 2.573.877,99 euros. Una cantidad que era incluso superior a la de años anteriores, como 2017, cuando solo recibió 1,46 millones de dinero del contribuyente. Estas escasas ayudas provocaron que la CEOE cerrase ese ejercicio con pérdidas.

La CEOE no fue la única beneficiada de este maná de subvenciones a la digitalización. El citado Real-Decreto recoge también ayudas a Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y mediana Empresa) por valor de 5,1 millones y a UGT por otros 10,2 millones. En todos los casos, teóricamente para impulsar la digitalización del tejido productivo español.