El Gobierno destina 2,3 millones a la «transformación digital» de la dictadura comunista de Cuba

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2,3 millones de euros a costear un proyecto para la «transformación digital» de la dictadura comunista de Cuba. Lo ha hecho a través de la Fundación para Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En concreto, el expediente, al que ha accedido OKDIARIO, lleva por objeto «el suministro, entrega e instalación de servidores y equipos de red para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Plataforma de Gobierno Electrónico liderada por la Administración Pública cubana».

El proyecto Cuba Digital, financiado por la Unión Europea y gestionado a través de la FIAP, tiene como finalidad «apoyar al Estado cubano en la creación de capacidades e infraestructuras para el gobierno digital». Y ello, mientras la miseria y la pobreza cunden en la isla bajo la dictadura del régimen castrista que ahora preside el comunista Miguel Díaz-Canel.

Uno de los componentes fundamentales de este proyecto, según reza en los pliegos de contratación, es el «desarrollo de una plataforma robusta de gobierno electrónico, para lo cual resulta indispensable la implantación de un nuevo Centro de Datos de última generación en el país».

Un centro, prosigue el texto, que albergará las aplicaciones, servicios y datos necesarios para «digitalizar procedimientos gubernamentales y ofrecer servicios en línea a la ciudadanía y a las instituciones».

La presente licitación, dice el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se justifica por la necesidad de dotar a Cuba de una infraestructura tecnológica «moderna y fiable que sirva de base al Gobierno Electrónico».

Además, esta inversión «contribuye a la sostenibilidad y autonomía tecnológica de la administración pública cubana, facilitando la implementación de sistemas nacionales de información y la prestación de servicios digitales en línea con estándares internacionales de calidad», añade la FIAP. Con un plazo de ejecución de dos años, las empresas candidatas tienen hasta el próximo 17 de febrero de 2026 para la presentación de sus ofertas.

Lo que no cumple la dictadura cubana son los estándares internacionales de calidad democrática. Durante el pasado mes de noviembre de 2025, la plataforma Defensa Cuba Decide (CD) documentó 194 violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del régimen cubano. Estas acciones afectaron a 108 personas, entre ellas 81 hombres y 27 mujeres, y reflejan «la continuidad de un clima de represión que no da tregua a quienes ejercen su derecho a expresar ideas distintas a las oficiales», subraya el observatorio fundado por la disidente cubana Rosa María Payá y dirigido por Juan Carlos Vargas.

«Los testimonios y reportes recibidos muestran que noviembre fue un mes especialmente tenso, caracterizado por operativos policiales constantes, vigilancia sobre activistas, citaciones intimidatorias y restricciones para impedir desplazamientos de opositores y familiares», recalca Defensa CD. Estos patrones evidencian que «la represión no se limita a episodios puntuales, sino que constituye un mecanismo permanente de control social», enfatiza.

Polémicas adjudicaciones

Por su parte, desde febrero de 2024, el director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) es Francisco Tierraseca, militante del PSOE y ex delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Tierraseca sustituyó en el puesto a Anna Terrón Cusí, integrante del PSC y ex alto cargo de la Generalitat con José Montilla.

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa así dirigiendo dinero público, bajo la excusa de ser planes europeos, a países de América Latina donde las violaciones de derechos humanos son constantes. Muchas de estas subvenciones están relacionadas además con distintos apartados de la Agenda 2030, especialmente en lo relativo al cambio climático o «empoderamiento climático», según sostienen.

Desde la FIAP se han articulado en los últimos años sucesivas adjudicaciones polémicas, como 467.000 euros que también se destinaron a Cuba para digitalizar su ‘BOE’, otros 60.000 euros a Marruecos para combatir «el machismo» o más de 300.000 euros para «campañas de marketing en Ucrania», entre otros contratos.

Además, el Gobierno de Sánchez ha dotado por esta vía a Marruecos y Mauritania de vehículos todoterreno y material policial a fin de combatir la inmigración ilegal.