La Abogacía del Estado pide ahora personarse en la causa de Barbate ¡por los daños ocasionados a la Zodiac!

La Abogacía del Estado solicitó personarse formalmente el pasado 12 de marzo —un día después de la publicación de OKDIARIO que revelaba que no se había personado en el caso de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate—, dos años después de iniciado el procedimiento judicial. Fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que la Abogacía del Estado solicita personarse por el «delito de daños» a la embarcación de la Guardia Civil.

Los dos guardias civiles asesinados, Miguel Ángel González y David Pérez, así como los cuatro heridos, patrullaban en una zodiac en el puerto de Barbate, el pasado 9 de febrero de 2024. Fue entonces cuando la narcolancha en la que viajaban el piloto, Karim El Baqqali, además de Yassine El Morabet, otro de los tripulantes identificados, embistió a la zodiac en la que viajaban los agentes. Ese mismo día se abrió la causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate.

Dos años, un mes y una semana después, la Abogacía del Estado pide personarse. Y lo pide para reclamar los daños materiales en la zodiac en la que viajaban los agentes. Todo ello ha causado un considerable revuelo, además de la consabida indignación entre los letrados que se ocupan de las acusaciones particulares y populares de los guardias civiles.

Algunos de ellos, consultados por OKDIARIO, insisten en la «enorme sorpresa» que les provoca el hecho de que no se haya personado hasta ahora el Estado. El RD 1057/2024 de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado, establece, entre sus competencias, este tipo de actuaciones, en sus artículos 2.e y en el 82.1. Además, «ante la falta de referencia expresa alguna a la defensa de aquellos funcionarios o empleados públicos que hayan sido víctimas de delito o hayan fallecido».

De hecho, la Abogacía del Estado ha sido acusación en numerosos juicios contra la banda terrorista ETA, o lo fue recientemente para defender al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, entre otras muchas ocasiones.

Querella contra Marlaska

Precisamente, con respecto al caso Barbate, el Tribunal Supremo acaba de inadmitir la querella presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez. En concreto, se dirige contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos públicos, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos de los trabajadores en materia de seguridad laboral, obstrucción a la justicia y ocultación de pruebas.

El Alto Tribunal argumenta que «la toma de decisiones discrecionales del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal, porque se considere que la opción escogida no fue la más adecuada». El Supremo afirma que «es claro que la querella no tiene fundamento fáctico ni jurídico que respalde su acusación penal y que no hay un tipo penal aplicable», ya que «en el derecho penal español no hay responsabilidad penal por ocupar un cargo».

En el caso Barbate, las acusaciones particulares y populares piden, para el primero de los acusados, Karim El Baqqali, un total de 119 años de prisión en sus escritos de acusación, aunque falta todavía por conocerse el documento de la Fiscalía. Sin embargo, el proceso ya ha encarado su fase final y se espera que próximamente se señale la fecha del juicio, con jurado popular.