El fiscal al que la trama de Leire quería sobornar espera las disculpas del PSOE por extorsionarle y coaccionarle

El fiscal José Grinda, protagonista involuntario del caso de las cloacas del PSOE tras denunciar un intento de soborno en febrero de 2025, se encuentra destinado en Bolivia en un proyecto de cooperación esperando el avance del caso. Según ha podido saber OKDIARIO, exige al PSOE que pida perdón a todos los que han sido presuntamente extorsionados, coaccionados, investigados por el partido gobernante.

Grinda, que lleva ocho meses destinado en Sucre, Bolivia, al frente de un proyecto de la Unión Europea para crear una fiscalía contra el crimen organizado, considera que el PSOE ha buscado deliberadamente su destrucción profesional y personal como represalia por haber llevado a prisión a los principales imputados del caso del 3% catalán.

El fiscal ha trasladado a su entorno más cercano que el PSOE «debería pedirnos disculpas a todos los que parece ser hemos sido extorsionados, coaccionados, investigados», añadiendo que esa gente «deseaban nuestra muerte civil».

Estas palabras, según fuentes fiscales, reflejan la convicción de Grinda de que la operación en su contra no ha sido espontánea sino sistemática y coordinada al más alto nivel político.

‘Caso Leire Díez’

El origen del conflicto se remonta al 27 de febrero de 2025, cuando Grinda se reunió en Madrid con el periodista Pere Rusiñol, a quien consideraba un amigo de confianza. Durante ese encuentro, según fuentes fiscales consultadas, Rusiñol le mostró un documento con una propuesta atribuida al círculo de Leire Díez: a cambio de facilitar un destino en el extranjero y ayudarle a resolver un litigio personal, Grinda debía proporcionar información comprometedora sobre su superior, el fiscal Alejandro Luzón, y favorecer determinadas actuaciones procesales.

La respuesta de Grinda fue fulminante. Según fuentes cercanas al fiscal, «inmediatamente después de estar con Pere» se dirigió a Luzón, le informó de los hechos y presentó denuncia formal ese mismo día. Rusiñol, por su parte, declaró ante el juez en noviembre de 2025 y negó esa versión.

La trama de acoso comenzó, sin embargo, mucho antes. Sus orígenes están en 2009 y 2010, cuando Grinda ya veía determinadas maniobras en su contra en relación con el caso del comisario José Manuel Villarejo.

Además, una mujer identificada como Miriam Serrano presentó en julio de 2024 contra él una demanda civil por 30.000 euros que fue desestimada en abril de 2025. Antes, en 2012, ya había sido archivada una denuncia por la vía penal.

Grinda ha transmitido a su entorno que detrás de todas esas acciones estaba el venezolano Nervis Villalobos, entre otras personas a la que Grinda ha acusado como fiscal anticorrupción.

La trama habría costeado a la demandante abogados, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e incluso al menos una estancia en un hotel de Madrid para que pudiera reunirse con representantes del PSOE en Ferraz.

En paralelo, según las mismas fuentes, la trama difundió la existencia de un supuesto vídeo sexual del fiscal, que no existe.

Uso del Congreso de los Diputados

La ofensiva no se limitó al ámbito judicial. El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y afirmó haber hablado con la ex fiscal general Consuelo Madrigal, quien supuestamente habría reconocido que Grinda tenía expedientes de pederastia pero que no se actuaría contra él porque se le quería usar «como ariete contra el independentismo». Algo que Grinda cree que nunca fue así. Se limitó a perseguir indicios delictivos.

Grinda muestra a su círculo próximo que esa comparecencia fue «muy preparada» y orquestada conjuntamente por diputados del PSOE y de Junts.
El fiscal, según le definen fuentes de su entorno, es «una hormiguita que anda por la calle y consigue una rendija entre un baldosín entre dos baldosas para salvarse de la presión».

Respecto a los 300.000 euros que, según una anotación intervenida al entorno de Leire Díez, habrían estado preparados como soborno para el fiscal, Grinda ha sido tajante con quienes le rodean: nadie le ofreció esa cantidad y, si lo hubieran hecho, también lo habría denunciado de inmediato a su superior, Alejandro Luzón.

Su interpretación es que ese dinero estaba destinado a pagar a su demandante para que retirara la acción civil, y que la cifra supone un cero de más respecto a los 30.000 euros reclamados en la demanda.

Tres procesos, tres rechazos

La obtención de su actual destino en Bolivia ha añadido una capa de complejidad al caso. Grinda se presentó hasta en tres ocasiones al proceso de selección de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP).

En la primera convocatoria, en diciembre de 2024, la plaza recayó en otro candidato. Un contacto próximo le advirtió entonces: «No te quieren», en alusión a una supuesta presión de La Moncloa para bloquear su candidatura.

La segunda fue en mayo de 2025, tampoco tuvo éxito justo después de la reunión con el enviado de Leire Díez, Pere Rusiñol, el 27 de febrero de 2025.

Fue a la tercera tentativa cuando sí obtuvo el puesto. Grinda sostiene que fue un proceso limpio que ahora quieren enfangar.

Esa secuencia —dos rechazos antes de conseguir la plaza que la trama le ofrecía como anzuelo— es, según fuentes fiscales, el argumento más sólido contra quienes insinúan que el destino boliviano habría sido una compensación pactada.

El juzgado que instruye el caso ha solicitado el expediente de contratación, que acredita precisamente ese historial de tres procesos: dos negativas y, a la tercera, una positiva.

Asesinato a un compañero juez

Desde Sucre, Grinda lleva ocho meses trabajando en un entorno tan hostil que, pocas semanas después de su llegada, fue asesinado a tiros Víctor Hugo Claure, miembro del Tribunal Agroambiental boliviano con quien el fiscal había participado en una inspección ocular en el río Madre de Dios para investigar la minería ilegal de oro, actividad que da más dinero que la coca y está controlada por las mismas organizaciones criminales que el narcotráfico.

Poco después, desconocidos rociaron con gasolina el vehículo de otro fiscal. Tras su marcha temporal de España hasta 2028, Grinda no está precisamente en un destino soñado. La corrupción y el crimen campan a sus anchas en territorio andino.

El fiscal aguarda su momento para ajustar cuentas públicamente. Confía, según fuentes próximas que le conocen, en ser llamado como testigo en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz. Hasta entonces, aprieta los dientes. Como la hormiguita entre las baldosas: invisible, pero sin rendirse.